Agencias
Venezuela.- El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, ha aprobado una nueva ley que impone estrictas regulaciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones civiles. La ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento obliga a estas entidades a registrarse ante el Gobierno, detallar sus fuentes de financiamiento y someterse a un escrutinio exhaustivo. Las ONG deberán informar sobre sus bienes, balances contables y donaciones, y enfrentan sanciones severas por incumplimientos, como recibir o proporcionar fondos destinados a fines políticos o no registrarse adecuadamente.
La oposición y defensores de derechos humanos han calificado esta ley como un intento de silenciar a la sociedad civil y limitar las libertades de asociación y expresión. La nueva normativa también afecta a las ONG extranjeras y podría resultar en la expulsión de extranjeros involucrados en actividades en Venezuela. El Gobierno venezolano ha argumentado que la ley busca evitar actividades terroristas encubiertas por organizaciones que, en realidad, están dedicadas a la ayuda social.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el impacto de esta ley en los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y Gina Romero, relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, han instado a las autoridades venezolanas a no implementar esta normativa, argumentando que restringe gravemente el espacio cívico y democrático en el país.
