La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha aprobado, con un resultado mayoritario, la reforma propuesta por el Ejecutivo federal para imponer prisión preventiva oficiosa para una serie de delitos graves. La medida, que cuenta con el respaldo de 26 votos de Morena y sus aliados, se enfrenta a la oposición de 14 legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).
¿Qué Implica la Reforma?
La reforma, que modifica el artículo 19 constitucional, amplía el catálogo de delitos que obligan a los jueces a ordenar la prisión preventiva oficiosa. Estos delitos incluyen extorsión, narcomenudeo, producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas como el fentanilo, así como defraudación fiscal, contrabando y facturación falsa.
Posicionamientos en Contra
Los diputados opositores han manifestado su preocupación por el impacto de esta medida en los derechos humanos. Según ellos, la prisión preventiva oficiosa no solo contraviene la Constitución Política, sino también las convenciones internacionales ratificadas por México. Rubén Moreira, del PRI, ha señalado que la reforma viola los derechos humanos y que las afirmaciones sobre la liberación de 60 mil personas en proceso penal son una falacia.
Por su parte, Braulio López, de Movimiento Ciudadano, ha criticado la reforma como un ejemplo de “populismo punitivo” que no aborda de manera efectiva la inseguridad, sino que busca generar una “falsa sensación” de control.
Defensa de la Reforma
A pesar de las críticas, los legisladores de Morena han defendido la reforma, argumentando que es necesaria para enfrentar la creciente criminalidad. Leonel Godoy, vicecoordinador de la bancada de Morena, ha reforzado la propuesta con una reserva que subraya la prohibición de interpretaciones análogas o extensivas que pudieran alterar su aplicación.
¿Qué Sigue?
La reforma ahora avanza al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación final. La medida generará un debate intenso sobre el equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales. La sociedad y los actores políticos estarán atentos a cómo se desenvuelve este proceso y qué impacto tendrá en el sistema judicial y en la protección de los derechos humanos en México.
Esta reforma es solo uno de los muchos pasos en el complejo camino de reformar el sistema de justicia penal en México, un tema que sigue siendo objeto de debate y controversia en el ámbito político y social.
