Dos carencias lastran de forma paralizante el mensaje a la nación dado por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 27 de noviembre.
Éste se formuló como una convocatoria para que ciudadanos y gobierno pudieran transformar la crisis que sacude a México en oportunidad de cambio profundo.
Pero la falta de autocrítica en torno a la actuación del Gobierno Federal en los casos de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y del conflicto de interés con el grupo empresarial mexiquense Higa.
En segundo lugar, la ausencia de medidas prácticas para corregir desde ya la cultura del “ayúdame que yo te ayudo” en la práctica cotidiana del Gobierno Federal con los empresarios favoritos en turno, han restado credibilidad al discurso presidencial.
Se ha comentado ampliamente la desproporción que hay entre puntos del mensaje a la nación que demandan reformas constitucionales como la que debe redefinir las competencias entre los ámbitos federal, estatal y municipal en la
persecución de delitos.
O el último punto del decálogo, que recoge propuestas para dar un tratamiento económico especial al sur, con los puntos cuarto y quinto, que proponen medidas prácticas puntuales como el número de emergencia y la clave única de identidad y que en todo caso se debieron incluir en el apartado siete de acceso a la
“justicia cotidiana”.
Pero hay una desproporción mayor: la de prometer “encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad” y no corregir, no hacer mención y no hacer un ejercicio de autocrítica por el error de haberse acogido al inicio de su gestión a los resquicios que brinda la ley para no ser totalmente transparente.
Me refiero a la decisión de él y de todo su gabinete de no dar a conocer la declaración patrimonial de cada uno (el Presidente la hizo pública bajo la presión del escándalo por la residencia de su esposa).
Me refiero también a la decisión presidencial de acogerse al inicio de su mandato al artículo 44 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que hace una excepción a la obligación de declarar los bienes del cónyuge cuando “se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos o por motivos ajenos al servidor público”.
En los formatos que llenan los funcionarios públicos y en los que se incluyen las casillas para que se declaren los bienes del cónyuge o concubino no se le advierte al funcionario —como sí le advirtieron sus asesores al Presidente— que hay una excepción, la del artículo 44.
Más allá de debatir si el artículo 44 es aplicable al presidente Peña Nieto (pues la redacción admite esa interpretación), lo sustancial es que si el titular del Ejecutivo convoca, como lo dijo en el discurso mencionado, a un “¡Ya basta!”, debe comenzar dando el ejemplo de no conceder el mínimo de transparencia que le pide la ley, sino por el contrario, el máximo.
La mayor parte de los cambios que propone el Presidente no son de
efecto inmediato.
En contraste, la decisión del jefe del Ejecutivo de mantener en su gabinete, incluyendo a subsecretarios, a aquellos funcionarios dispuestos a dar a conocer su declaración patrimonial, tendría
efectos inmediatos.
Se autoexcluirían aquellos integrantes que le ponen peros a la transparencia y daría una señal clara a la ciudadanía de una corrección a una falta anterior y un renovado compromiso con la transparencia y el escrutinio público.
Una iniciativa de ley que obligue a este nivel de transparencia a los altos funcionarios y una modificación al artículo 44 que limite estrictamente los casos en los que no se incluyan los bienes del cónyuge (por ejemplo, cuando éstos fueron adquiridos antes del matrimonio).
Mejor aún: la obligación de hacer pública la declaración de impuestos (como sucede en el caso de varios países incluyendo nuestros vecinos del norte), sería una iniciativa a la altura de la crisis de credibilidad que enfrenta el gobierno.
Con ambos instrumentos: declaración patrimonial y declaración de impuestos públicos, el gobierno reduciría notablemente la posibilidad de escándalos y daños a los recursos públicos, mejoraría dramáticamente el reclutamiento de altos funcionarios y se acortarían como por arte de magia las filas de peticionarios de
puestos públicos.
La vida política del país podría mejorar sustancialmente, pues los partidos políticos tendrían que advertir tales obligaciones de transparencia a los aspirantes a cargos de elección popular y difícilmente podrían darse casos como los del matrimonio
Abarca en Iguala.
El Presidente incluyó también nuevas medidas de transparencia en torno a las grandes licitaciones y mayores posibilidades de escrutinio público sobre los contratistas de obras públicas.
Muy bien, pero no basta. Se tienen que aclarar los porqués de la suspensión de la licitación del tren México-Querétaro y debe haber consecuencias para los funcionarios que defendieron y permitieron la licitación original, así como sobre la participación de la empresa del grupo mexiquense Higa.
Posdata: El Presidente encargó al CIDE una amplia consulta sobre acceso
a la justicia.
Falta en ella un debate sobre la pertinencia de la legalización del consumo y expendio de drogas en alguna modalidad, así como del cultivo legal de amapola para fines farmacéuticos.
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