La reciente decisión de liberar a Mario Marín, exgobernador de Puebla, ha desatado una ola de indignación y críticas en todo México. Marín, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho en 2005, fue liberado tras el pago de una multa de 100 mil pesos, gracias a la determinación de una jueza en Quintana Roo que dictaminó que los delitos no ameritaban prisión preventiva. Esta decisión ha generado un fuerte rechazo, especialmente por parte de Cacho, quien ha sido una de las voces más firmes en denunciar la injusticia en el sistema judicial.
Lydia Cacho, reconocida por su valentía en la denuncia de redes de trata de personas y corrupción, utilizó sus redes sociales para expresar su profunda frustración y descontento ante la liberación de Marín. “La jueza está liberando a mi torturador, Mario Marín, al que me ha mandado matar para acallarme, para proteger a Kamel Nacif”, escribió la periodista. Cacho también destacó que el exgobernador pasará el juicio desde la comodidad de su mansión en Puebla, lo que ella considera una burla a los años de lucha por justicia.
El caso de Lydia Cacho y Mario Marín es uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de México en términos de libertad de expresión y derechos humanos. En 2005, Cacho publicó el libro Los demonios del Edén: el poder que protege a la pornografía infantil, en el que expuso cómo figuras poderosas, entre ellas el empresario Kamel Nacif y Mario Marín, estaban involucradas en la protección de redes de explotación infantil. Pocos meses después de la publicación, Cacho fue arrestada de manera arbitraria y trasladada desde Cancún a Puebla, donde fue sometida a tortura.
A lo largo de los años, Cacho ha continuado su lucha, llevando el caso a tribunales internacionales y señalando la complicidad y corrupción en el sistema judicial mexicano. La reciente liberación de Marín, en lugar de una sentencia que ella y muchos esperaban, representa un duro golpe no solo para ella, sino para todos aquellos que buscan justicia y el fin de la impunidad en México.
La periodista y sus abogados han exigido que, al menos, se le coloque un brazalete electrónico a Marín para monitorear sus movimientos, y advierten que la decisión de la jueza no solo protege a un torturador, sino que también pone en riesgo la vida de Cacho, quien ha recibido múltiples amenazas a lo largo de su carrera.
Este caso ha reavivado el debate sobre la corrupción y la falta de justicia en el país, así como la necesidad urgente de reformar un sistema que, según Cacho, protege a los poderosos y deja en desamparo a las víctimas. La liberación de Mario Marín no solo es una bofetada para Lydia Cacho, sino también un recordatorio doloroso de que la lucha por la justicia en México está lejos de terminar.
