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Venezuela.- A medida que los días avanzan, Nicolás Maduro se encuentra cada vez más acorralado por la presión interna y externa tras las recientes elecciones presidenciales en Venezuela. La tensión ha escalado al máximo, con Maduro atrincherándose en su negativa a reconocer el triunfo de la oposición, reprimiendo las protestas ciudadanas y lanzando amenazas de encarcelamiento contra Edmundo González Urrutia, el opositor proclamado presidente electo por los datos proporcionados por la Plataforma Unitaria.
A pesar de los intentos del régimen por silenciar a los opositores, la Plataforma Unitaria ha tomado precauciones al solicitar las actas de las mesas electorales. Este esfuerzo ha permitido recaudar el 81.85% de las actas del país, que muestran a González como ganador con más de siete millones de votos, mientras que Maduro apenas supera los tres millones. Esta discrepancia ha llevado a la oposición a demandar un reconteo visible debido a las irregularidades señaladas por el Instituto Carter, que no pudo verificar la autenticidad de los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral, a servicio de la dictadura.
El recurso de Maduro ha sido solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también controlado por su administración, que se encargue del conteo de los votos. Sin embargo, ya han pasado cuatro días desde que el CNE lo proclamó ganador, sin que se hayan presentado las actas correspondientes, violando los reglamentos que exigen su presentación en un plazo de 48 horas. A pesar de que Maduro asegura tener el 100% de las actas, aún no ha mostrado evidencia de su supuesta victoria.
La falta de transparencia ha intensificado las protestas. Desde el lunes, miles de venezolanos han salido a las calles en protesta por el presunto “fraude” electoral. La respuesta del régimen ha sido una represión brutal, con un uso excesivo de la fuerza que ha resultado en la muerte de al menos 22 personas y cientos de detenidos en menos de cuatro días. Estos actos de violencia recuerdan los eventos de 2014 y 2017, cuando la represión también resultó en numerosos fallecimientos y llevó a la Corte Penal Internacional a abrir investigaciones contra el régimen.
Testimonios de manifestantes y registros en redes sociales indican que los colectivos chavistas, grupos armados leales al régimen, están tras la violencia que se desata en las calles. Maduro también enfrenta una investigación por abusos a los derechos humanos en la Corte Penal Internacional (CPI), mientras que Estados Unidos mantiene una recompensa de 15 millones de dólares por su arresto por cargos de tráfico de drogas.
En un giro reciente, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader) ha solicitado a la justicia de Argentina una orden de detención internacional contra Maduro por las desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad cometidos tras las elecciones. Esta solicitud, presentada ante el juez federal Sebastián Ramos, resalta la creciente presión internacional sobre el régimen venezolano.
El analista político Daniel Lansberg-Rodríguez sugiere que Maduro se enfrenta a una situación desesperada: “Probablemente siente que su argumento base para las opciones de salida se sitúa en algún lugar entre un largo período en La Haya y ser colgado de la cuerda de un piano en la Plaza Bolívar”. Con el régimen atrapado entre la represión interna y la presión internacional, la crisis en Venezuela parece estar lejos de resolverse.
