AGENCIA
Nacional.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha finalizado el proyecto de dictamen que propone la desaparición de siete organismos autónomos, incluidos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Este dictamen está programado para ser discutido y votado en agosto, con la intención de presentarlo al Pleno en septiembre al inicio de la próxima legislatura.
Los otros organismos que se buscan extinguir son la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Según los promotores de la reforma, encabezados por Morena y sus aliados, la eliminación de estos organismos tiene como objetivo resolver duplicidades y reorganizar el Estado conforme a los principios de “racionalidad, austeridad, eficiencia y eficacia”. Asimismo, aseguran que esta medida no contraviene el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La distribución de las funciones de los organismos extintos sería la siguiente:
La Secretaría de la Función Pública y entidades de los poderes Legislativo y Judicial asumirían las responsabilidades del INAI relacionadas con el derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
La Secretaría de Economía se encargaría de garantizar la libre competencia en los mercados, función previamente a cargo de la Cofece.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se haría cargo de la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión, actualmente bajo el IFT.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) asumiría las mediciones de la pobreza y la evaluación de programas y políticas gubernamentales del Coneval.
La regulación energética de la CRE y la CNH sería transferida a la Secretaría de Economía.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) se encargaría de las labores de evaluación educativa de Mejoredu.
Esta reestructuración forma parte de un esfuerzo más amplio para ajustar la administración pública a un esquema más austero y eficiente, según los legisladores que impulsan la iniciativa.
