AGENCIA
Ciudad de México.- Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 reconocieron la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para reabrir la investigación y lograr avances, aunque a dos meses de que termine el sexenio, señalaron que la exigencia principal de saber qué pasó con los jóvenes y la sanción a los responsables no ha sido aún satisfecha.
En respuesta al primer reporte del presidente sobre el caso Ayotzinapa, los familiares afirmaron que su única prioridad es conocer la verdad sobre sus hijos y no debilitar al Ejército como institución. Defendieron a las organizaciones que los apoyan y expresaron su esperanza de alcanzar la verdad en la próxima administración.
Durante la marcha mensual conmemorando los 9 años y 10 meses de la desaparición, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, destacó que la respuesta presentada fue elaborada por los representantes legales de las familias y que la postura circulada en redes sociales no era oficial. El abogado Isidoro Vicario agregó que esta respuesta consensuada se entregará al presidente en la reunión del 29 de julio.
Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González, leyó la postura de los padres tras la movilización desde el Ángel de la Independencia hasta el antimonumento +43 en Paseo de la Reforma. Mencionó que muchas familias conocieron el contenido del documento presidencial a través de la edición del 20 de julio de La Jornada, ya que no se les entregó personalmente.
Hernández Rivera también enfatizó la necesidad de investigar el papel del Ejército en el crimen de Iguala, basándose en la presencia de militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y en los testimonios de testigos protegidos y mensajes de celular que sugieren vínculos entre militares y criminales. Criticó la mala fe del Ejército por proporcionar información falsa, citando el caso del soldado desaparecido Julio César López Patolzin, quien, según la Sedena, era un infiltrado en la Normal Raúl Isidro Burgos.
Las familias ratificaron su demanda de que el Ejército entregue los 800 folios de inteligencia relevantes y solicitaron la remoción del actual encargado de las investigaciones, a quien acusaron de ineficiencia. Además, pidieron que continúen las búsquedas, se asegure la entrega de la información militar faltante, se aceleren las extradiciones pendientes y se proporcione asistencia digna a las víctimas.
