AGENCIA
Veracruz.- La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que aunque no es una prioridad en su agenda actual, la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns será revisada como la de cualquier otra institución. “Vamos a revisar el tema. Es un organismo autónomo, hay que respetar y ver la función, su actuar. Pero eso ahorita no está en mi agenda”, declaró Nahle García.
Además, la gobernadora electa expresó su respeto por la iniciativa presentada en el Congreso local que busca dotar de autonomía a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. “Yo creo que todos los servidores públicos, absolutamente todos, debemos estar sometidos a transparencia, sin excepción. Creo que en ese sentido fue la iniciativa que presentaron los diputados y yo la respeto”, añadió.
La iniciativa, propuesta por la diputada Janix Liliana Castro Muñoz y recibida por la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, tiene como objetivo reducir las atribuciones de la FGE y fortalecer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Según explicó la legisladora, la propuesta pretende dotar de autonomía e independencia plenas a la Fiscalía Anticorrupción, equiparando su jerarquía a la de la Fiscalía General en los asuntos de su competencia.
La iniciativa establece cuatro categorías de autonomía para la Fiscalía Anticorrupción: administrativa, técnica, de gestión y de decisión. Administrativamente, la Fiscalía tendría independencia para gestionar su régimen laboral y administrativo. Técnicamente, podría decidir libremente sobre los métodos y procedimientos necesarios para cumplir sus objetivos. En cuanto a la gestión, dispondría de recursos propios y suficientes. Finalmente, en la toma de decisiones, tendría la facultad exclusiva de emitir determinaciones sin necesidad de opiniones externas.
Entre otros cambios, el Congreso del Estado tendría 30 días naturales para emitir la convocatoria y proceder al nombramiento de un nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Actualmente, el cargo es ocupado por Clementina Salazar Cruz, designada en 2020 por un periodo de cinco años.
