AGENCIA
España.- La Audiencia Provincial de Valencia ha dictaminado que los propietarios de una empresa funeraria deben ser investigados por su presunta participación en la venta ilegal de cadáveres a universidades, desestimando así el criterio inicial del juez instructor del caso. Esta decisión se produce tras un recurso interpuesto por la Fiscalía contra la exclusiva investigación de dos empleados.
El tribunal mantiene abiertas dos causas en relación con el mismo asunto: una centrada en presuntas irregularidades en la venta de un cadáver específico y otra que investiga un presunto entramado criminal relacionado con estas prácticas.
La resolución de la Audiencia Provincial, conocida este martes, se centra en la primera causa, vinculada a la venta del cuerpo de un hombre fallecido en el hospital La Fe a una institución universitaria. Mientras el juez instructor atribuía un posible delito de falsedad documental exclusivamente a los empleados de la funeraria, el fiscal argumenta que los dueños de la empresa tuvieron implicación, conocimiento y capacidad decisoria innegables en el caso.
Los dos dueños, junto con los dos empleados, de edades comprendidas entre los 41 y 74 años, fueron detenidos en enero y puestos en libertad provisional tras prestar declaración. Según las investigaciones policiales, la empresa habría facturado aproximadamente 5,500 dólares a una universidad por once incineraciones de cuerpos, las cuales no fueron registradas por las incineradoras locales.
Se sospecha que los implicados utilizaban la disección y el desmembramiento de los cuerpos para colocarlos en ataúdes de otros difuntos y así realizar cremaciones conjuntas, evitando los costos asociados, pero facturándolas a las instituciones académicas, obteniendo así significativas ganancias.
La investigación se inició a principios de 2023 después de que se descubriera la irregular retirada de un cadáver de la morgue de un hospital por parte de la funeraria, mediante falsificaciones en los registros y documentación proporcionada al Registro Civil. Los investigadores han determinado que los cadáveres eran seleccionados entre personas fallecidas sin familiares, preferentemente extranjeras o con condiciones de vida precarias.
Este caso ha suscitado gran preocupación en la opinión pública y entre las autoridades, quienes continúan indagando para esclarecer completamente las circunstancias y deslindar responsabilidades en torno a estas prácticas ilegales.
