AGENCIA
Nacional.- La Comisión de Gobernación del Senado de la República decidió, por unanimidad, no avalar la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles. La medida, que incluía la entrega de datos biométricos por parte de la población a la Secretaría de Gobernación (Segob), fue reconocida como un tema polémico y que despierta inquietud entre los mexicanos.
Excélsior informó ayer que la iniciativa para crear el Sistema Nacional de Registro de Identidad no incluye mecanismos de protección ni sanciones claras para quienes hagan mal uso de los datos biométricos. La decisión de no aprobar la ley se tomó tras reconocer que no están preparados para ello.
Graciela Gaitán, del Partido Verde, abogó por tener más tiempo para revisar la ley y pedir la opinión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y de los registros civiles, postura que compartió el panista Damián Zepeda.
Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión y miembro de Morena, informó que la cita para aprobar la nueva ley derivó de una resolución de Martín Adolfo Santos, juez octavo de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, lo que generó críticas del oficialismo al considerar que se entrometía en el trabajo legislativo.
“Hay una queja formal en su contra, ante el Consejo de la Judicatura, por su actuar faccioso”, afirmó Fernández Balboa. El juez Santos había evitado anteriormente la extradición de “El Chapo” a Estados Unidos y ordenado modificar el plan de vacunación durante la pandemia de COVID-19.
La Comisión de Gobernación expresó preocupaciones sobre la protección de datos biométricos y la necesidad de más tiempo para revisar la ley. Graciela Gaitán enfatizó que la propuesta ha recibido críticas por atentar contra los derechos humanos y pidió consultas adicionales con el Inai y registros civiles.
Damián Zepeda señaló desacuerdos con artículos específicos de la ley, especialmente en lo referente a la facultad de la Segob para administrar la base de datos biométricos, y sugirió la necesidad de escuchar al Inai y a los registros civiles locales.
El oficialismo aprovechó la discusión para criticar al Poder Judicial. Mónica Fernández Balboa mencionó que la orden judicial de discutir la ley provino del juez Martín Adolfo Santos, quien ha emitido fallos controversiales en el pasado, lo que, según ella, justifica la necesidad de una reforma al Poder Judicial.
