AGENCIA
Nuevo León.- El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha generado controversia tras adquirir un predio de 17.6 hectáreas en una de las zonas más exclusivas de San Pedro, conocida como Mesa de la Corona. El terreno, valuado en más de 700 millones de pesos, está registrado a nombre de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, liderada por García y su padre, Samuel García Mascorro.
Documentos obtenidos indican que el 18 de abril de 2023, la empresa del Gobernador pagó el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) por 9 millones de pesos al Municipio de San Pedro, lo que sugiere un valor catastral del terreno de al menos 300 millones de pesos. Sin embargo, expertos en bienes raíces señalan que su valor comercial supera los 700 millones de pesos debido a su ubicación privilegiada.
El 4 de marzo, García Mascorro presentó una solicitud de impacto ambiental para construir una residencia de casi 2 mil 800 metros cuadrados en el terreno. La solicitud fue aprobada en solo 15 días, a pesar de que el trámite puede tardar hasta 90 días. El permiso, válido por 20 meses, detalla la construcción de una megacasa y una vialidad de acceso de más de 10 mil metros cuadrados.
A pesar de la rápida aprobación, el área de construcción se encuentra en una zona de riesgo geológico medioalto con vegetación de matorral submontano, lo que implica una compensación por el impacto ambiental. El Municipio de San Pedro aún no ha otorgado el permiso de construcción.
La adquisición del terreno y la rápida aprobación del permiso han suscitado críticas, especialmente porque no se reporta esta propiedad en la declaración patrimonial del Gobernador. Además, se ha cuestionado la transparencia de las transacciones financieras de las empresas vinculadas a García y su padre, que han aumentado un 800 por ciento en dos años y medio.
En otro frente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el juicio político interpuesto por la oposición en el Congreso local contra García. Sin embargo, la Corte determinó que el Congreso no tiene la facultad de separarlo del cargo, dejando esa decisión en manos del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Este juicio político se suma al enfrentamiento entre diputados del PRI y del PAN y el Gobernador, que inició hace más de dos años cuando García omitió enviar el paquete fiscal 2023 y repitió la omisión respecto al presupuesto 2024.
Las críticas y los desafíos legales plantean un escenario desafiante para el Gobernador de Nuevo León en los próximos meses.
