AGENCIA
Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que ha ejecutado una orden de aprehensión en contra de Iván Ernesto “N” por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio infantil en número de dos, feminicidio y violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones. Estos crímenes fueron cometidos en perjuicio de Irlanda Rocío “N” y sus dos hijos menores de edad en Puerto Peñasco, Sonora.
Las investigaciones sobre este lamentable suceso se iniciaron el 14 de mayo, tras el hallazgo del cuerpo de un menor de aproximadamente 4 años de edad en un predio de la colonia Obrera, en Puerto Peñasco, Sonora, cerca de las vías del ferrocarril.
A partir de este descubrimiento, se llevaron a cabo diversas técnicas de investigación que condujeron a la identificación del presunto responsable, culminando en un cateo en un domicilio ubicado en la avenida Ferrocarril de la colonia López Portillo.
En dicho lugar, se encontraron múltiples indicios, como un cuchillo, cobijas y sábanas con manchas hemáticas, entre otros elementos. En el patio de la vivienda, lamentablemente, fueron localizados los cuerpos de Irlanda Rocío “N” y de su hija menor de edad.
Con toda la información recopilada en la correspondiente carpeta de investigación, se solicitó al Juez de Control una orden de aprehensión contra el acusado, quien fue localizado en Huatabampo, Sonora. La ejecución de la orden de captura tuvo lugar en dicha localidad.
Posteriormente, el individuo fue trasladado ante la autoridad judicial en Puerto Peñasco, donde se llevó a cabo la audiencia inicial y se formularon las imputaciones correspondientes, solicitando la vinculación a proceso en su contra.
Sin embargo, se determinó ampliar el término constitucional, por lo que el imputado fue puesto en prisión preventiva justificada de acuerdo con la disposición del Juez de Control. El proceso sigue su curso y se espera que los tribunales decidan la situación jurídica de Iván Ernesto “N”.
Paralelamente, continúa la investigación de posibles antecedentes en contra del acusado, y se mantendrá informada a la opinión pública conforme avance el proceso legal, respetando el debido proceso para garantizar el acceso a la información para la población y el derecho de las víctimas a obtener justicia.
