Acostumbrados a que las preocupaciones de los políticos nada tienen que ver con los apuros de la vida real, nos seguimos de largo frente a la caricatura que protagonizan los partidos, mientras la desaparición de los 43 normalistas llega a Los Pinos.
Por nuestro código presidencialista, los reflectores están ahí, a la espera de un milagro. La expectativa tiene sentido, porque la crisis desatada por los normalistas de Ayotzinapa no es ni puede considerarse un conflicto estatal.
Al contrario: Guerrero obliga a Enrique Peña a priorizar la agenda contra el crimen organizado, tópico que se creyó exclusivo y exacerbado por su antecesor Felipe
Calderón.
Y, en los hechos, esta semana el Presidente encaró la gravedad de la situación de manera directa cuando se reunió con los familiares de los desaparecidos, un momento de dolor y tensión y demanda que marca un giro en el sexenio.
Así que al margen de las valoraciones sobre el alcance del encuentro, Peña tomó su lugar en la emergencia que representa la tragedia de no saber dónde fueron a parar los muchachos que la policía de Iguala entregó a la banda Guerreros Unidos, siguiendo la instrucción del entonces presidente municipal.
Porque más allá de los señalamientos críticos de que si el gobierno se tardó en hacerse cargo del reclamo de las víctimas o que poco pudo hacer el mandatario para aliviar el desasosiego de los padres —un sentimiento sólo reparable con el regreso de sus hijos—, lo contundente de la reunión del miércoles es la inevitabilidad de asumir el problema.
Lo urgente e importante es dar con los normalistas. Pero también lo es el reconocimiento presidencial de que el suyo es el principal poder del Estado, el cual hoy debe afrontar a la narcopolítica instalada entre alcaldes, corporaciones policiales y funcionarios de todos los signos
partidistas.
Más como el Estado no empieza ni termina con la Presidencia de la República, el imprescindible gesto de Peña de colocarse al frente de la crisis tendría que ser acompañado por las principales fuerzas políticas, en una coyuntura en la que el expediente de Ayotzinapa no es un caso aislado.
Tan sólo en lo que va del segundo semestre del año se acumularon los ajusticiamientos a cargo de elementos del Ejército en Tlatlaya; el asesinato de un diputado federal del PRI; los vínculos de un empresario del partido Verde con los Beltrán Leyva; la muerte de cuatro jóvenes en Matamoros, donde la principal sospecha recae en el cuerpo de seguridad de élite del municipio, y el secuestro de ocho atletas en el Ajusco.
Y, sin embargo, el PRI, el PAN y el PRD continúan con sus agendas de fuga, en la plañidera de las consultas populares que no serán, ajenos al apuro ciudadano de la inseguridad.
En el colmo del desentendimiento, las dirigencias partidistas se limitan al reparto de culpas y acusaciones, en un evidente y vergonzoso cálculo de costos y prebendas del drama de los normalistas.
Directamente responsables de la suerte de los estudiantes, porque son gobierno en Guerrero y en Iguala, los perredistas se enredan en el vacío de perder la bandera de la consulta contra la Reforma Energética.
Presuroso por escapar de la pesadilla, su líder Carlos Navarrete amaga con ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a defender su fallida pregunta. Sí. ¡A eso quieren ir a la CIDH! No a buscar ayuda para frenar las desapariciones forzadas. No: a quejarse por sus malogrados planes electorales. De no ser que por la tragedia que nos atañe, el anuncio nos movería a la risa.
Los panistas aprovechan el respiro —después de su racha de escándalos— y patalean porque los ministros tampoco aprobaron su consulta sobre mejorar el salario. Y optan por el bajo perfil frente a la seguridad.
Pero evadir la realidad no es alternativa para el PAN, que codirigen Gustavo Madero y Ricardo Anaya, retados a la evaluación del tema, pospuesta desde la derrota electoral de 2012, cuando ésta enfrentó a quienes la atribuyeron a la estrategia anticrimen de Calderón y los que como él piensan que la campaña debió basarse en su
reivindicación.
Y qué decir del PRI que comanda César Camacho que ve la paja en el ojo ajeno y le pide cuentas por una foto con José Luis Abarca, alcalde fugado, a Andrés Manuel López Obrador. Pero soslaya la viga de los Fausto Vallejo y los Jesús Reyna en los videos de La Tuta.
Frivolidades declarativas aparte, el partido en el poder nos debe la limpia de su casa y la definición responsable frente a un asunto antes soslayado en el que parecen dejar solo al Presidente en la carga de la rectificación.
Son días de indolencia partidista, de escenas en las que aplica la metáfora que recientemente compartió el diputado del PRD Fernando Belaunzarán con sus compañeros de San Lázaro: “A veces siento que estamos fuera de lugar, como los violinistas del Titanic, simples espectadores de una situación tan grave”.
Sí. Así están. Con la diferencia de que aquellos músicos hacían bien lo suyo, en medio del hundimiento. Estos desafinan y aturden.
