AGENCIA
Nacional.- La reciente reforma a la Ley de Amnistía en México ha generado preocupación entre expertos legales y legisladores de la oposición debido a su impacto en el sistema judicial y la concentración de poder en el presidente. Esta modificación permite al Ejecutivo perdonar a delincuentes que hayan cometido cualquier delito, incluyendo asesinato y delincuencia organizada, sin pasar por procesos judiciales tradicionales.
La reforma a la Ley de Amnistía representa un cambio significativo en el proceso penal, ya que permite al presidente tomar decisiones unilaterales para conceder amnistías, sin la necesidad de escuchar a las víctimas o seguir procedimientos judiciales establecidos.
Tradicionalmente, las amnistías se otorgaban a través de una comisión de secretarios de estado, pero la nueva ley concentra esta facultad en el presidente, lo que plantea preocupaciones sobre el uso arbitrario del poder.
Los críticos señalan que esta reforma puede afectar negativamente a las víctimas de delitos, quienes podrían verse privadas de justicia si el presidente decide perdonar a individuos sin seguir un proceso judicial adecuado. Además, se argumenta que esta concentración de poder en el Ejecutivo socava la separación de poderes y el sistema de controles y equilibrios.
El abogado que analizó la reforma enfatizó que esta medida es inconstitucional y podría revertirse a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La oposición tiene 30 días para interponer una acción de inconstitucionalidad, y se espera que la Corte pueda emitir una suspensión de la ley en menos de un mes, mientras se analiza el fondo del asunto. Sin embargo, la resolución final podría tomar un año o año y medio, lo que implica que la ley podría permanecer en vigor mientras tanto.
La reforma a la Ley de Amnistía es parte de un contexto más amplio de intentos por limitar las facultades del Poder Judicial en México. El abogado destacó que esta medida, junto con la reforma a la Ley de Amparo, refleja un patrón en el que tanto el Ejecutivo como el Legislativo buscan reducir las capacidades de decisión del Poder Judicial, lo que podría tener implicaciones significativas para el sistema legal mexicano y la protección de los derechos de los ciudadanos.
Mientras la controversia en torno a esta reforma continúa, los defensores de la justicia y las organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación por las posibles consecuencias de esta concentración de poder en el presidente y el impacto en el estado de derecho en México.
