México se encuentra bajo un creciente escrutinio internacional debido a la alarmante mortandad de más de tres mil tortugas caguama en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, en los últimos seis años. En un reciente informe divulgado por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), se subrayan graves omisiones en la legislación ambiental mexicana que contribuyen directamente a esta crisis. Este documento, parte del marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), no ha sido firmado por México, lo que aumenta la tensión en las relaciones comerciales.
La tortuga caguama, una especie en peligro de extinción que migra desde Japón hasta las costas mexicanas, enfrenta múltiples amenazas tales como el enmallamiento en redes de pesca y la hipotermia, lo que aumenta su riesgo de colisión con embarcaciones o de caer presa de predadores. Organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Centro para la Diversidad Biológica (CDB), han instado al Gobierno de México a asumir su responsabilidad y adoptar medidas urgentes para proteger estas especies antes de que se apliquen posibles sanciones comerciales.
En septiembre de 2023, la NOAA Fisheries de Estados Unidos emitió una certificación contra México por no tener un programa regulatorio que reduzca la captura incidental de tortuga caguama, similar al de Estados Unidos. A raíz de esto, se dio un año de plazo al Gobierno de México para mejorar su gestión y regulaciones ambientales, lo que podría evitar un posible embargo pesquero.
Este asunto destaca la importancia de una gobernanza ambiental efectiva y la necesidad de que México garantice el cumplimiento de las leyes y compromisos internacionales, para proteger no solo a la tortuga caguama sino también las comunidades pesqueras y la biodiversidad marina del país.
