AGENCIA
Naciones Unidas.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno del Reino Unido a reconsiderar su controvertido plan para expulsar a migrantes y solicitantes de asilo a Ruanda, una nación africana situada a más de 7 mil kilómetros de distancia. Según la ONU, esta decisión podría establecer un peligroso precedente a nivel mundial.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, emitieron una declaración conjunta en la que pidieron a Reino Unido que, en lugar de implementar esta medida, adopte enfoques que se basen en la cooperación internacional y respeten la legislación de derechos humanos.
El llamamiento de la ONU llegó después de que el Parlamento británico aprobara un proyecto de ley que autoriza la expulsión de solicitantes de asilo a Ruanda si ingresaron ilegalmente a Reino Unido. El proyecto de ley, que necesita la firma del rey para convertirse en ley, podría entrar en vigor dentro de 10 a 12 semanas.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, y su Partido Conservador han apoyado con firmeza esta ley, con la esperanza de abordar el problema del flujo irregular de migrantes. La legislación permitiría a los jueces considerar a Ruanda como un país seguro para los migrantes expulsados, pero ha suscitado críticas de organizaciones internacionales.
El Consejo de Europa, del cual Reino Unido forma parte, también pidió al gobierno británico reconsiderar el plan. Michael O’Flaherty, Comisario de Derechos Humanos, expresó su preocupación de que la ley permitiría deportar a personas a Ruanda sin que sus solicitudes de asilo sean examinadas de manera adecuada por las autoridades británicas, y que excluiría la posibilidad de que los tribunales británicos examinen de forma independiente estos casos.
La ley podría violar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe devolver a solicitantes de asilo a su país de origen o a un tercer país donde puedan enfrentar peligro o persecución.
Por su parte, el gobierno de Ruanda se mostró complacido con la aprobación del proyecto de ley y afirmó estar “impaciente por acoger a las personas reinstaladas en Ruanda.” Sin embargo, el país ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por la supuesta represión de la disidencia y la libertad de expresión bajo el gobierno del presidente Paul Kagame, quien ha estado en el poder desde 1994.
