AGENCIA
Nvo. León.- Una situación de tensión financiera y política ha surgido en el estado de Nuevo León tras el retraso en el depósito de recursos para el pago de la primera quincena de abril. El Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia y el Congreso del Estado han señalado al gobierno de Samuel García de ejercer presión presupuestaria y política en su contra.
Antes del depósito finalmente realizado este martes por el gobierno estatal, los tres poderes y la fiscalía emitieron un comunicado conjunto expresando su rechazo a la situación que afectó a 6 mil 150 empleados de las tres instituciones. En el comunicado, exigieron al gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda que tomara medidas urgentes para garantizar el depósito correspondiente.
La Tesorería del gobierno de Nuevo León emitió un posicionamiento un día después de la quincena, justificando el retraso debido a que el Poder Legislativo aún no ha aprobado la Ley de Ingresos 2024. Además, mencionaron la “tácita reconducción presupuestal” y anunciaron que “recalendarizarán” las partidas presupuestales para obtener los fondos necesarios para garantizar la realización de los comicios.
Según el gobierno estatal, la Ley de Ingresos por 156 mil 047 millones de pesos contemplaba los gastos de la elección, estimados entre mil 200 y mil 600 millones de pesos. Ante esta situación, la Tesorería exhortó a los organismos autónomos, así como a los otros poderes y dependencias, a utilizar los ahorros notificados en sus informes para asegurar principalmente el pago a los trabajadores.
El presidente del Poder Judicial de Nuevo León, Arturo Salinas, advirtió antes del depósito de recursos que las actividades en el Poder Judicial serían frenadas debido a la imposibilidad de cumplir con los pagos a los trabajadores, la movilidad de los auxiliares y los servicios operativos.
