En una confrontación legal que ha capturado la atención nacional, más de 120 amparos han sido presentados contra el etiquetado frontal de advertencia, que revela información crucial sobre los excesos de azúcares, sal, grasas saturadas y otros ingredientes no recomendables en los productos, especialmente para niños y niñas. La mayoría de estos recursos, impulsados por poderosas corporaciones, han sido rechazados, pero un número significativo aún está pendiente de resolución.
¿Quiénes están detrás de estos recursos y cuáles son sus motivaciones? Según se ha expuesto en el programa “En Defensa del Consumidor” del Estudio B de SinEmbargo, las mismas empresas que buscan ocultar la composición de sus productos ultraprocesados son las que han impulsado estos amparos. Estas compañías han mostrado consistentemente una resistencia férrea contra medidas que promuevan la salud pública, como la prohibición de la comida chatarra en escuelas o el impuesto a los refrescos.
El epicentro de esta contienda legal se encuentra ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se espera que se resuelvan tres de los amparos más destacados contra el etiquetado frontal. Estos amparos han sido presentados por empresas de renombre en la industria de alimentos y bebidas azucaradas, entre ellas subsidiarias de Coca-Cola, Nestlé, Danone y otras.
Miembros de la Segunda Sala de la SCJN ya han elaborado proyectos de sentencia que respaldan el etiquetado frontal y rechazan los amparos presentados por las empresas. Uno de los primeros casos en ser considerado es el amparo presentado por una subsidiaria de Coca-Cola dedicada a lácteos. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para los demás.
Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, ha señalado que estas empresas han recurrido a diversas estrategias legales para evitar el cumplimiento del etiquetado frontal. Sin embargo, se espera que la SCJN tome una postura firme en favor de la salud pública y los derechos de los consumidores. Los proyectos de sentencia elaborados por los ministros Alberto Pérez Dayán y Jazmín Esquivel respaldan el etiquetado como una herramienta vital para informar a los consumidores y proteger su salud.
En los próximos días, la SCJN deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del etiquetado frontal, lo que podría marcar un hito crucial en la regulación de la industria alimentaria en México. La decisión final no solo determinará el destino de estos amparos individuales, sino que también podría fortalecer el marco legal para proteger la salud pública y los derechos de los consumidores frente a los intereses comerciales de las grandes corporaciones alimentarias.
