AGENCIA
Nacional.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto favorablemente un amparo presentado por el Centro Prodh y Fundar, con el fin de asegurar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se incluya un presupuesto mínimo destinado a la atención de víctimas. En consecuencia, se ordena restablecer o crear un fideicomiso con un objetivo similar al que tenía el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, que desapareció el 6 de noviembre de 2020.
El gobierno federal había suprimido toda referencia al fideicomiso en la Ley General de Víctimas, redirigiendo los recursos hacia la atención de la pandemia por Covid-19. Sin embargo, la invalidez de esta acción por parte de la Suprema Corte implica un cambio significativo en la política de atención a víctimas.
El proyecto presentado por el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso que los recursos destinados al nuevo fideicomiso no deben ser inferiores al 0.014 por ciento (%) del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El Centro Prodh destacó que este presupuesto mínimo fue una garantía obtenida por las familias de las víctimas, quienes lograron incorporar en la Ley General de Víctimas la obligación de destinar un presupuesto específico para su atención, sin que pudiera ser reducido o utilizado para otros fines.
La falta de este fondo implicó la interrupción en la atención de diversos casos en los que era necesario el pago de indemnizaciones como reparación del daño, lo que evidenció el incumplimiento de las obligaciones del Estado hacia las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, identificó que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 asignó 633 millones de pesos para la atención a víctimas. Sin embargo, para cumplir con la garantía mínima presupuestal, se necesitaría un presupuesto 31.6% más alto, es decir, aproximadamente 200 millones de pesos adicionales.
Desde Fundar y el Centro Prodh celebraron esta sentencia como un mensaje del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en solidaridad y compromiso con las víctimas de la violencia en México. Esta decisión refleja su compromiso en abordar la crisis de derechos humanos en el país.
