AGENCIA
San Diego.- El Congreso de Arizona ha aprobado una polémica iniciativa que permite el uso de armas de fuego contra migrantes que ingresen a inmuebles privados en la frontera. La iniciativa HB2843, respaldada por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, busca ampliar la legítima defensa para los residentes fronterizos, a pesar de que el ingreso a propiedad privada está considerado como un delito menor.
La propuesta, actualmente en manos del Senado estatal también controlado por el Partido Republicano, surge tras el caso de George Kelly, un ranchero acusado de matar a un migrante que pasaba por su propiedad el año pasado, abandonando posteriormente el cuerpo, y quien rechazó una propuesta para reducir su sentencia.
El congresista Justin Heap, de la Coalición Libertad de extrema derecha y simpatizante de Donald Trump, impulsó la iniciativa argumentando un vacío legal ante el incremento de migrantes y traficantes de personas en tierras agrícolas y ganaderas.
Sin embargo, alguaciles de los condados de Nogales y Tucson han advertido sobre el peligro de autorizar el uso de la fuerza armada letal para delitos como el ingreso a propiedad ajena, señalando que los migrantes podrían entrar sin percatarse de que se trata de propiedad privada y alertando sobre posibles casos de comerciantes que dispararían contra clientes desagradables.
La congresista Analise Ortiz, demócrata de Phoenix, criticó la iniciativa, expresando preocupación por el aumento de ejecuciones extrajudiciales. Este avance legislativo se produce mientras los dos candidatos presidenciales visitan la frontera con México con una plataforma política en contra de la migración.
En el panorama legislativo, la HB2843 fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora está bajo consideración del Senado, donde, de aprobarse sin cambios, pasaría a la gobernadora demócrata, Katie Hobbs, quien tiene la facultad de vetarla o aprobarla.
Además, se contempla la posibilidad de solicitar una consulta popular sobre esta controvertida propuesta, que busca reformar la ley Castle Doctrine para autorizar el uso de fuerza letal, incluido el disparo a matar, contra aquellos que se presume van a cometer un delito dentro o contra una propiedad.
