AGENCIA
Búfalo.- Soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos, asignados a los hoteles de la zona metropolitana de Búfalo que alojan a migrantes en espera de sus audiencias de asilo, han sido acusados de explotación sexual hacia los indocumentados, quienes se han manifestado vulnerables al vivir en condiciones precarias y distantes de sus familias, con acceso limitado al exterior.
La denuncia, presentada ante el tribunal federal de distrito de Manhattan, señala como responsables a la División de Asuntos Militares y Navales de Nueva York, así como a al menos seis miembros de la Guardia Nacional de ese estado y varios empleados de la empresa DocGo, contratada por la ciudad de Nueva York para atender las necesidades de los migrantes.
Según la querella, seis mujeres y un hombre solicitantes de asilo, junto con una decena de empleados y ex empleados de un subcontratista llamado Platinum Community Care, presentaron la denuncia. Uno de los testimonios, el de una venezolana identificada como Jane Doe, relata cómo fue presionada por un soldado de la Guardia Nacional de Nueva York para tener relaciones sexuales, mientras se encontraba aislada en una propiedad rural cubierta de nieve con sus hijos.
El documento también describe cómo soldados de la Guardia Nacional y personal de DocGo fueron vistos teniendo comportamientos íntimos con los huéspedes migrantes, e incluso los llevaron a un hotel cercano donde se alojaban los efectivos.
Los migrantes, especialmente vulnerables debido a su incierta situación migratoria y su falta de movilidad, describen en la demanda la dificultad de acceder a suministros básicos e incluso de realizar viajes simples a lugares como Walmart, que eran considerados un gran regalo.
Los solicitantes de asilo trasladados desde la ciudad de Nueva York describen en la denuncia cómo fueron engañados para viajar a Búfalo, donde fueron alojados en hoteles en malas condiciones, con colchones manchados e infestados de insectos, lo que provocó picaduras en los niños.
La demanda busca una compensación de al menos 9 millones de dólares por daños y perjuicios por agresión, detención ilegal, daños emocionales y otras causas.
Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha respondido oficialmente a las acusaciones, aunque el portavoz Eric Durr declaró al diario The New York Times que cualquier miembro que infrinja las normas enfrentaría las consecuencias.
