La mañana del 16 de abril pasado, el crucero sudcoreano MV Sewol, que cubría la ruta entre Incheon y Jeju, se hundió cuando llevaba a bordo a 472 personas, en su mayoría estudiantes de secundaria de un suburbio de Seúl.
El desastre, en el que murieron 300 personas, desató una acalorada discusión en la opinión pública de Corea del Sur.
Entre los señalados por su responsabilidad, estuvieron, en primera instancia, el capitán del crucero y la tripulación, así como el dueño de la empresa naviera. Sin embargo, las autoridades no se salvaron de los cuestionamientos, desde los reguladores hasta la propia Presidenta del país.
La crítica contra el gobierno por el hundimiento incluyó tanto el laxo marco regulatorio —que, a juicio de algunos, provocó el desastre— como la tardanza e impericia de los cuerpos de rescate.
Las reacciones públicas de distintos políticos y funcionarios que trataron de minimizar la tragedia sólo sirvieron para aumentar la ira popular.
El 27 de abril, once días después del naufragio, presentó su renuncia el primer ministro sudcoreano Jung Hong-won, un connotado fiscal que había alcanzado la notoriedad por la forma en que llevó a juicio, por corrupción, a familiares del expresidente Chun Doo-hwan.
“Lo correcto es que yo asuma la responsabilidad, como la persona responsable del gabinete, y presente mi renuncia”, dijo Jung en una breve y estremecedora declaración ante los medios.
Días antes, el primer ministro había sido abucheado al tratar de visitar a los sobrevivientes y familiares de los jóvenes fallecidos. Éstos culparon a las autoridades por la lentitud con que fue ejecutado el rescate y por los cambios frecuentes en la información que les fue entregada.
“De parte del gobierno, ofrezco mis disculpas por no haber prevenido el desastre y por las fallas en el rescate”, afirmó el primer ministro, quien subrayó que su renuncia era la única forma de pedir perdón.
“Al ver a las familias dolidas, sufriendo por la pérdida de sus seres queridos, y la tristeza y resentimiento de la ciudadanía, llegué a la conclusión de que yo debía asumir la responsabilidad como primer ministro”, aseveró Jung, quien narró que el recuerdo del llanto de los deudos no lo dejaba dormir.
“En nuestra sociedad, se ha permitido que existan muchas irregularidades y prácticas incorrectas. Espero que, esta vez, estos males enraizados se corrijan y este tipo de accidente no vuelva a ocurrir”.
Una investigación nunca hubiera encontrado legalmente responsable al primer ministro del hundimiento del MV Sewol. Sin embargo, Jung sabía que el gobierno que encabezaba no podía seguir con el día a día de los asuntos públicos del país ante tales cuestionamientos.
La responsabilidad política de un funcionario público incluye identificar el momento en que las circunstancias hacen imposible su permanencia en el cargo. O cuando su estancia complica el arreglo de una situación conflictiva.
En esos momentos tiene que sentarse a pensar si va a optar por lo que le conviene a él personalmente o lo que resulta mejor para la gente a la que sirve.
Yo no sé si el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, pueda conciliar el sueño ante lo ocurrido en Iguala hace 17 días, pero sus declaraciones no reflejan dolor sino cálculo político. Incluso se da tiempo de criticar a quienes opinan que debería irse.
En lo personal, no señalo su responsabilidad legal en los hechos. Incluso sé que si él no quiere presentar su licencia al cargo, va a ser muy difícil obligarlo a que lo deje antes del 26 de octubre de 2015, cuando tenga que entregarlo, por ley, a quien resulte elegido en las urnas el próximo 7 de junio.
Sin embargo, al poner en el centro de la discusión de la tragedia de Iguala su permanencia en el cargo, el gobernador Aguirre no está ayudando a aclarar los hechos, como ya se vio en las discrepancias públicas que ha tenido con los investigadores de la Procuraduría General de la República.
Yo no creo que, con la presentación de su licencia, Aguirre se iría “como asesino o represor”, como afirmó él mismo hace unos días.
Me parece que, de optar por esta salida, contribuiría a que la investigación llegue a fondo y se pueda emprender, cuanto antes, el camino de buscar soluciones políticas a la cooptación que ha hecho el crimen organizado de las instituciones.
Como en el caso del hundimiento del crucero en Corea del Sur —que fue un accidente, no una masacre provocada, como la de Iguala—, en Guerrero hay un distractor demasiado grande para que el actual gobierno del estado pueda seguir como si nada.
Cuando los funcionarios y gobernantes mexicanos comiencen a mostrar pundonor ante acontecimientos de este tipo, honrarán la labor de servicio que se espera de ellos y mejorará su percepción entre la ciudadanía.
Por desgracia, los políticos mexicanos enseñan con demasiada frecuencia que lo que les interesa es el provecho personal que sacan de los cargos públicos y no el servicio que le deben a la ciudadanía.
