AGENCIA
Nacional.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en México ratificó, con 19 votos a favor de Morena y sus aliados, nueve en contra del PAN y MC, y cinco abstenciones del PRI y PRD, los nombramientos enviados por el presidente Andrés Manuel López Obrador de 20 magistrados regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Esta decisión, que ha generado polémica, incluye a funcionarios gubernamentales, hijos de servidores públicos, un militar y una abogada vinculada a la Estafa Maestra.
El dictamen fue aprobado la semana pasada en la primera comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, donde la oposición no estuvo presente. A pesar de las denuncias del PAN y Movimiento Ciudadano sobre casos de nepotismo y posibles conflictos de interés, el Pleno de la Permanente respaldó la ratificación.
Entre los 20 magistrados, destacan nombres como Maricela Lecuona González, señalada en la trama de corrupción conocida como la Estafa Maestra, y Miguel Carrasco Hernández, fiscal general de Justicia Militar. También figura Rosendo Gómez Silván, hijo del fiscal que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Otro nombramiento polémico es el de Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, diputado local de Morena en Guanajuato e hijo de Ernesto Prieto Ortega, titular del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INADEP). Además, Magali Mendoza Ríos, jefa de Auditoría Interna de Pemex e hija de la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González, fue ratificada.
Legisladores de oposición, como la senadora Laura Ballesteros Mancilla de Movimiento Ciudadano (MC), expresaron su rechazo alegando que algunos perfiles presentan un “serio conflicto de interés, un militar y otro más con redes de nepotismo”. Por su parte, el diputado morenista Hamlet García Almaguer defendió las designaciones asegurando que cumplen con los requisitos necesarios.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es responsable de resolver juicios de particulares contra actos de la administración pública federal. Su competencia incluye asuntos fiscales y administrativos, abarcando responsabilidades de servidores públicos y resolviendo temas relacionados con concesiones, permisos y obra pública.
La aprobación de estos magistrados ha generado debates sobre la independencia del poder judicial y la idoneidad de los candidatos.
¿No se dan cuenta que están llenando de bandidos las instituciones que deben ver por la justicia? ¡Que asco es Morena!
Claro, como en abril la SCJN les va a echar para atrás varias tonterías que los de Morena propusieron, esto es para tratar de que los funcionarios actuales queden impunes, pensando que seguirán gobernando. ¡No pues puro nepotismo disfrazado de democracia!
