AGENCIA
Xalapa, Ver.- A siete años de la emisión de la declaratoria de alerta por violencia de género en Veracruz, el Estado ha incumplido con más del 80 por ciento (%) de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), según un dictamen de seguimiento.
Desde la declaratoria de alerta en noviembre de 2016, Veracruz ha registrado 564 feminicidios. El seguimiento revela que el Estado solo cumplió con el 12.5% de las medidas propuestas, mientras que el 87.5% se considera no cumplidas, indicando que “el avance aún es insuficiente para las necesidades y las demandas de las mujeres y de las niñas del estado de Veracruz”.
Las acciones reportadas por diversas dependencias y organismos autónomos, como el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General de Veracruz, se centraron en talleres sobre derechos humanos con perspectiva de género. Sin embargo, las medidas pendientes incluyen la creación de módulos de atención coordinados por el IVM y la Fiscalía en los 11 municipios prioritarios.
Entre los pendientes, se destaca la actualización del programa de capacitación para el personal de salud y el establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y certificación del personal en temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En cuanto a las medidas de justicia y reparación, se recomienda notificar a las víctimas indirectas del delito de feminicidio en diferentes momentos de los procedimientos ante la Fiscalía General y del Poder Judicial de Veracruz, así como de los servicios brindados por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas en materia de reparación integral.
El grupo interinstitucional identificó la falta de campañas de prevención con enfoque intercultural y señaló la limitada atención brindada por el Centro de Justicia para las Mujeres en Xalapa. Además, instó a extender las acciones de protección de derechos a los 47 municipios con población indígena y alto grado de marginación, no limitándose solo a los 11 municipios prioritarios.
