Agencias
México.- La privatización de los servicios de agua, drenaje y saneamiento en estados como Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco ha generado preocupación y malestar social, con un impacto negativo evidente. Empresas como Aguakán y Concesiones Integrales, encargadas de la administración del recurso en Quintana Roo y Puebla, respectivamente, enfrentan reclamos por abusos y deficiente servicio. A pesar de la promesa de eficiencia y sostenibilidad, la privatización ha llevado a aumentos de tarifas, escasez de agua y la necesidad de que los usuarios paguen por pipas además de las tarifas habituales.
La mercantilización del agua, lejos de cumplir con sus objetivos declarados, ha exacerbado la carencia del líquido, afectando especialmente a comunidades de bajos recursos. Aunque se han otorgado concesiones a particulares, empresas inmobiliarias, mineras y grandes productores, la disponibilidad de agua para la población en general ha disminuido. La falta de regulación y la ausencia de la Ley General de Aguas, pendiente en el Congreso de la Unión desde 2013, contribuyen a esta problemática, dejando en evidencia la necesidad de garantizar el derecho humano al agua consagrado en la Constitución.
La situación se agrava con la disminución de niveles en lagos, lagunas, ríos y acuíferos, alcanzando mínimos históricos. Expertos advierten sobre la inminencia de una de las sequías más intensas de los últimos tiempos para este año. Defensores del medio ambiente denuncian que la prioridad de grandes consumidores, como empresas y productores, es avanzar en sus proyectos a expensas del carácter de bien común del agua, subrayando la urgencia de abordar esta problemática de manera integral y responsable.
