La actual ley electoral no menciona nada que tenga que ver con la necesidad de verificar el historial con el que cuentan los ciudadanos que los partidos políticos aceptan en sus filas o los que postulan a cargos de elección popular. Esta omisión provoca que personas con antecedentes penales o con un modo deshonesto de vivir, puedan llegar a pertenecer a dichas organizaciones partidistas e incluso llegar a ser miembros de un gobierno o representantes populares.
Desde el proceso electoral 2009 se hizo patente la propuesta ante el aquel entonces IFE, de blindar la elección intermedia contra el crimen organizado y el narcotráfico, de tal suerte que, entre otras cosas, fuera una obligación de precandidatos y candidatos el presentar declaraciones de su situación patrimonial.
Posteriormente, para el proceso electoral de 2012, altos funcionarios de la PGR, tal como el titular de la Fepade, afirmaban que era necesario fortalecer los instrumentos para detectar la presencia de la delincuencia organizada, por lo que urgía establecer un blindaje en ese sentido.
Desde aquel entonces, el Partido Verde compartía la idea de que se requerían mayores herramientas legales para combatir esta triste realidad, por lo que propuso reformas a la ley en ese sentido, tal como lo volvimos a hacer a mediados del presente año en la ALDF, cuando se discutía la Reforma Electoral que estaría vigente para el próximo proceso del año 2015. Dicha propuesta concretamente se refería a solicitar a los candidatos tener un modo honesto de vivir, no contar con antecedentes penales y acreditar el origen de su situación patrimonial. Tristemente, dicha propuesta no fue avalada por la mayoría.
Y digo tristemente porque parece que la realidad nos alcanzó. Cada vez son más sonados los casos en los que la delincuencia incursiona de manera velada y con engaños en la política con la intención de acceder al gobierno o a cargos de elección popular.
Por ello es que el pasado martes, el Partido Verde anunció que entregaría a la Procuraduría General de la República su padrón de afiliados con el fin de solicitar la investigación de los antecedentes no penales de todos y cada uno de ellos, así como para que se le informara sobre las posibles conductas ilegales de cualquiera de sus miembros con el objeto de cerrar las puertas del partido a personas con actividades ilícitas en su vida privada o laboral.
Lo anterior es más que necesario, toda vez que al encontrarse abierto a cualquier ciudadano que quiera afiliarse al mismo y dada la nula regulación que existe al respecto, resulta imposible tener la certeza sobre la manera de actuar de cada uno de los miles de ciudadanos que lo hacen año con año y se corre el riesgo de aceptar a personas que tienen como modo de vida el no respetar la ley. Por ello es que, ante la necesidad de blindar nuestro sistema electoral de la delincuencia y el crimen organizado, también invitamos a todos los demás partidos para sumarse a esta iniciativa, ya que, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, existen más de diez millones de mexicanos afiliados a algún instituto político.
Recordemos que no sólo nos referimos a la posibilidad de que el dinero proveniente de actividades ilícitas financie campañas electorales sino, sobre todo, que miembros de organizaciones delictivas o bien delincuentes puedan llegar a pertenecer a los partidos políticos e incluso a ser electos para ocupar un cargo en el gobierno o de representación popular.
