México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado que no devolverá la opulenta residencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en Lomas de Bezares, Ciudad de México. Esto se produce después de que la Jueza Federal Ana Lilia Osorno Arroyo negara la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, alegando retroactividad.
La FGR, mediante un comunicado, calificó de inaceptable el criterio de la jueza y reiteró que la propiedad fue adquirida ilícitamente con fondos provenientes de lavado de dinero. Afirmó que la jueza se equivocó al no aplicar obligatoriamente la ley de extinción de dominio y al alegar una retroactividad contraria a la misma.
La jueza, en su resolución, argumentó que en diciembre de 2012, cuando Lozoya compró la propiedad, la ley no consideraba como causal de extinción de dominio el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por lo tanto, no se puede aplicar la ley de manera retroactiva.
No obstante, la FGR enfatizó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece claramente que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que los procedimientos iniciados a partir de su entrada en vigor son legales y válidos. Estos puntos, según la FGR, fueron validados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al revisar la totalidad de la ley.
La FGR presentará un recurso de apelación dentro del plazo legal y destacó que la propiedad también está legalmente asegurada en otro procedimiento penal diferente, relacionado con delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La situación legal de la residencia de Lozoya parece ser objeto de un enfrentamiento entre la FGR y el criterio judicial, lo que subraya la complejidad del caso y la disputa sobre la interpretación de la ley.
