AGENCIA
Veracruz.- La cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022 ha revelado un daño patrimonial de mil 500 millones de pesos en Veracruz. Un total de 195 ayuntamientos han sido objeto de observaciones y deberán abordar las irregularidades presentadas en dicha cuenta pública.
Rafael Fararoni Magaña, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, recordó que el mes pasado se votó y aprobó la cuenta pública 2022. Este análisis proporcionará transparencia sobre el uso de los recursos del ejercicio fiscal anterior. Los entes fiscalizables, como municipios y secretarías, se encuentran en la obligación de esclarecer cómo utilizaron los fondos del año 2022.
“Hay de todos los partidos políticos, tanto municipios grandes como chicos, fueron 195 que salieron con daño patrimonial, hay de todo”, señaló Fararoni.
Dado que la cuenta pública ya ha sido aprobada, el proceso de solvatación deberá llevarse a cabo ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). Aunque no existe un plazo definido, el área de fiscalización del Orfis deberá tomar medidas como presentar denuncias, imponer sanciones, o esperar a que los responsables aclaren las irregularidades antes de determinar las acciones a seguir, incluyendo la posible devolución de recursos.
La Comisión de Vigilancia del Congreso estará supervisando de cerca la cuenta pública 2022, proporcionando informes mensuales para dar seguimiento a las soluciones de las irregularidades y determinar cuántas denuncias serán presentadas.
La cuenta pública en cuestión corresponde al primer ejercicio fiscal de las autoridades municipales y al cuarto año de la administración estatal.
De acuerdo con el dictamen y como resultado de la auditoría financiera, para el caso de la Cuenta Pública consolidada del Poder Ejecutivo no se han detectado irregularidades que indiquen la presencia de daño patrimonial, aunque sí se han señalado inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.
En la revisión realizada, en 13 dependencias, 21 organismos públicos descentralizados y seis fideicomisos no se han encontrado irregularidades relacionadas con posibles daños patrimoniales, pero se han detectado inconsistencias de carácter administrativo.
