Los recuentos y los propósitos anuales se encuentran como si fueran compatibles y son conversación recurrente en las cenas de fin de año. Coincide, además, para los mexicanos, con el inicio de un sexenio y el cierre de 12 años en que tuvimos al PAN al mando del Gobierno federal. A los ojos de algunos optimistas, la lista de pendientes que nos dejaron los panistas puede no ser más larga que la de los logros, pero sin duda resulta pesada. Será tarea de quienes administran los recursos públicos y deciden sobre los espacios colectivos revertir la balanza para que, conforme avanzan los años, los pendientes se reduzcan en peso y cantidad.
El reto para quienes hacemos análisis y empujamos cambios desde fuera, cobra sentido en la medida en que no dejemos en el olvido el recuento de lo acontecido este y otros años, cuando se presentan los compromisos por atender, con sorprendente asertividad. Esta idea saltó a mi conciencia después de leer una reflexión que en este diario hacía Ricardo Rocha en 2007 sobre el papel de Emilio Chuayffet en la matanza de Acteal. Justamente porque después de los anuncios y compromisos que han hecho públicos tanto el gobierno de Peña Nieto, su partido, el PAN y el PRD, muchos activistas y académicos, hemos celebrado varios de los puntos que ahí se incluyen.
No escatimaré en reconocer un sólo esfuerzo que se haga para reformar de fondo el sistema de asignación de plazas magisteriales y su desarrollo. Tampoco minimizaré cualquier iniciativa que sume a las diferentes fuerzas políticas en la búsqueda de transformar sólidamente a las instituciones que nos facilitan los procesos democráticos, como puede ser el fortalecimiento del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promovido, entre otros, por Emilio Gamboa. Lo que es un imperativo para quienes decidimos trabajar para esos mismos fines, sin tener recursos públicos en nuestras manos, ni cargos públicos, es que la emoción sobre la que volquemos nuestras expectativas por los posibles cambios anunciados no nuble los recuerdos ni las cuentas pendientes que tienen quienes asumen cargos públicos.
Por ello, no olvidaremos que Chuayffet evadió cualquier responsabilidad por su negligencia en Acteal, a pesar de conocer las advertencias sobre lo que sucedía en Chiapas cuando él encabezaba la Segob. El caso de Gamboa Patrón como coordinador de la bancada del PRI en el Senado es otro asunto del que debemos estar atentos. Recordemos que ha sido operador e intermediario de los intereses de los grandes consorcios mediáticos del país —encabezados por Televisa, TV Azteca, los 10 grupos radiofónicos más grandes y empresas de telecomunicaciones—. Se torna nebulosa la vista cuando debemos reconocer que tras largos años de demandas ciudadanas por la autonomía del IFAI y la incorporación de partidos y sindicatos como sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su llegada le ha dado viabilidad al tema.
¿Cómo evaluar el perfil de un funcionario público cuya trayectoria lleva marcas de sangre o de corrupción, sin dejar de reconocer que inicia un nuevo periodo abriendo puertas que se habían mantenido selladas? ¿Será que mientras los candados no llevaban sus llaves las preferían mantener bloqueadas? ¿Será que algunos han entendido que el arte de gobernar requiere inclusión y atención de las demandas sociales? O quizá en un oportuno momento de legitimación han asumido compromisos que no raspan sus intereses.
Es importante aceptar que no resulta sencillo encontrar un término de sensatez que equilibre con justicia los aciertos de los desaciertos. Una de mis uvas para cerrar este año llevará el deseo de no perder la memoria embriagada por el entusiasmo.
