AGENCIA
Veracruz.- El proyecto Inocencia ha logrado la liberación de al menos 87 personas que se encontraban en prisión injustamente. A pesar de este avance, se estima que alrededor de 700 personas continúan recluidas en cárceles mexicanas, muchas de las cuales enfrentan imputaciones erróneas por delitos graves.
Tomás Mundo, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, destacó que algunas de estas personas fueron originalmente detenidas por ultrajes a la autoridad, pero posteriormente se les imputaron delitos de alto impacto. Estos casos, según Mundo, involucran a individuos que fueron acusados de homicidio, feminicidio y otros delitos graves, supuestamente fabricados mientras estaban en prisión. Incluso, se denunció que a algunos detenidos los llevaron a escenas del crimen para que dejaran sus huellas dactilares, a menudo afectando a personas de escasos recursos que no pudieron defenderse adecuadamente en el proceso legal.
De igual manera, se destacó que aproximadamente 500 indígenas siguen recluidos, y la meta del proyecto Inocencia es lograr la liberación de al menos 3,500 personas que enfrentan situaciones similares.
En cuanto a la situación de los servicios periciales en México, Tomás Mundo subrayó que el país tiene un mes para independizar estos servicios de las Fiscalías, de acuerdo con una sentencia de la Corte Interamericana contra Digna Ochoa. A pesar de la sentencia, aún no se ha tomado acción al respecto, lo que podría exponer a México a nivel internacional como un país que no respeta los derechos humanos ni las decisiones de la Corte Interamericana.
Por último, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas advirtió que, si no se amplía el presupuesto al Poder Judicial para el año 2024, podría haber el cierre de juzgados de distrito en Veracruz. Esta situación también afectaría los derechos laborales de los trabajadores del poder judicial, y se señaló que se están solicitando cambios en las medidas cautelares a jueces de distrito, ya que en Veracruz se utiliza la prisión preventiva oficiosa en el 90% de los casos.
El proyecto Inocencia y otros defensores de los derechos humanos continúan trabajando para abordar estas cuestiones legales y garantizar la justicia y la protección de los derechos fundamentales de las personas en México.
