AGENCIA
Nacional.- Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debía divulgar las declaraciones patrimoniales y de intereses, en su versión pública, de 23 ingenieros militares responsables de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la SFP ha evitado revelar la información, alegando que no ha recibido notificación de la sentencia.
En respuesta a una solicitud de El Universal, la SFP justificó que la información relativa a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos no se divulga, ya que ha sido clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante cinco años, según lo acordado en la resolución número CT/RIR/DIT0451-SFP/281-2021 del 6 de agosto de 2021 por el Comité de Transparencia de la Sedena.
La SFP subrayó que, al estar clasificada la información, las declaraciones de las personas no son visibles en su versión pública, por lo que no pueden proporcionar lo solicitado.
Además, la Función Pública considera que “la publicidad de las mismas pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las mismas, así como la propia seguridad y defensa nacional del país”.
El 17 de agosto, el pleno de la Corte declaró infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, en contra de la resolución del 6 de julio de 2022 emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en un recurso de revisión. Esta última ordenó a la SFP entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los ingenieros militares residentes de obra en el AIFA.
Especialistas en transparencia y protección de datos personales señalan que la situación demerita el trabajo institucional de la SCJN y la división de poderes, y destacan que el Gobierno actual no muestra respeto por ningún poder diferente al Ejecutivo. La SCJN siguió un criterio del INAI que establece la publicidad de las declaraciones patrimoniales, permitiendo a los ciudadanos detectar enriquecimiento injustificado de los funcionarios. Los expertos consideran que la SFP debería garantizar que la información de los servidores públicos sea accesible y solo se clasifique en casos excepcionales. La SFP podría enfrentar sanciones por incumplir con una determinación del INAI y clasificar información previamente desclasificada.
