En los primeros cuatro años y medio de este sexenio, México ha registrado un promedio de 1.8 fosas clandestinas descubiertas cada día. Las 2,864 fosas clandestinas encontradas durante la administración actual representan más de la mitad de todas las registradas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) hasta abril de este año y duplican el número de hallazgos reportados en los doce años previos, bajo los mandatos de Calderón y Enrique Peña Nieto.
Estos sombríos hallazgos arrojan luz sobre la cruda realidad de la violencia y la inseguridad en el país, así como sobre la escalada de desapariciones de personas, que superan las 111,500. Las fosas clandestinas se han multiplicado desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado en 2007, abarcando ahora casi una cuarta parte de los municipios mexicanos.
El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ha registrado un aumento significativo en la localización de estas fosas, incluso durante los años de restricción de movilidad debido a la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021. Hasta abril de 2023, se habían descubierto 2,864 fosas clandestinas en la administración actual.
La situación es aún más preocupante debido a que las autoridades mexicanas no han proporcionado datos sobre el número de cuerpos recuperados en estas fosas, lo que complica aún más la identificación y el esclarecimiento de los casos de desaparición.
La investigación también destaca que la militarización de la seguridad pública en México ha tenido resultados “desastrosos”, según Amnistía Internacional. Criminales y algunas autoridades estatales y municipales han recurrido a métodos cada vez más crueles para deshacerse de los cuerpos de las víctimas y evitar su identificación.
Esta tragedia continúa afectando a miles de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, enfrentando la impunidad y la falta de respuestas por parte de las autoridades. La situación destaca la urgente necesidad de abordar la crisis de desapariciones y de trabajar en la identificación de las víctimas para proporcionar justicia y cierre a las familias afectadas.
Cabe destacar que las fosas no necesariamente se cavaron durante el mismo periodo en que se descubrieron, algunas podrían haber permanecido años sin ser detectadas. Además, la geografía de los entierros ilegales ha cambiado con el tiempo, concentrándose en diferentes estados a lo largo de los años, con Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán siendo los más afectados en la actualidad.
