Agencias
México.- En respuesta a un informe presentado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), un organismo internacional de las Naciones Unidas, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ha instado a la Fiscalía General de la República a que “acate las recomendaciones de coordinación institucional” y las relacionadas con “la impunidad y la judicialización de casos”.
A través de un comunicado publicado en su sitio web, el colectivo ha señalado que el CED, encargado de supervisar la implementación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ha planteado el martes 3 de este mes que el Estado mexicano debe atender a un total de 73 recomendaciones. El informe del CED señala la existencia de “una situación generalizada de desapariciones” y lamenta “la falta de una política nacional de prevención y erradicación” en el país. Además, resalta la falta de priorización en las investigaciones y procesos judiciales relacionados con las desapariciones forzadas y las cometidas por particulares.
El colectivo ha destacado algunas de las recomendaciones propuestas por el CED, que incluyen la necesidad de transparentar la metodología utilizada para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, asegurar que el proceso de selección de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda cumpla con los estándares establecidos en la Ley General de la materia, y prevenir actos de violencia contra los familiares de personas desaparecidas.
Además, se insta a garantizar una coordinación efectiva entre las instituciones federales y locales encargadas de la búsqueda e investigación, así como a asegurar el funcionamiento eficiente del Banco Nacional de Datos Forenses y su interoperabilidad con otros bancos de perfiles genéticos existentes.
Abordar la crisis forense también es una preocupación fundamental para el colectivo, que enfatiza la necesidad de legislar a nivel local en esta área. Se destaca que la industria forense requiere atención urgente, tanto en lo que respecta a los servicios periciales habituales como a las iniciativas recientemente creadas, incluido el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), que, según el CED, debe mejorar en términos de resultados, recursos y comunicación con las familias afectadas.
