AGENCIA
Internacional.- A lo largo del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha enfatizado la importancia de respetar los derechos humanos y evitar las injusticias en México. Sin embargo, la realidad en el país parece contradecir estas afirmaciones, como lo han evidenciado las visitas recientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En abril de 2022, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emitió un informe que destacó la impunidad como un problema estructural que favorece la repetición de desapariciones forzadas en México. El informe señaló que tanto servidores públicos como el crimen organizado eran los principales responsables de esta situación. También expresó su preocupación por la crisis forense en el país, con miles de cuerpos sin identificar en fosas comunes y clandestinas.
El 3 de octubre, la ONU emitió observaciones sobre México, manifestando su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones en el país. También cuestionó la actualización de datos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que no sigue los protocolos homologados de búsqueda y los estándares internacionales.
Recientemente, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas visitó México para revisar la situación de las detenciones arbitrarias en el país. Las detenciones arbitrarias ocurren cuando no hay base legal para privar a alguien de su libertad, cuando se violan derechos y libertades al detener a una persona sin orden judicial o debido proceso, o cuando no existen pruebas de un delito.
En su informe preliminar, el Grupo de Trabajo encontró que las detenciones arbitrarias son una práctica generalizada en México y a menudo resultan en malos tratos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones. Se destacó el abuso de la prisión preventiva, el uso excesivo de la fuerza en detenciones y el abuso de la figura de delito en flagrancia. Se señaló que aproximadamente el 50% de las personas en detención preventiva están sujetas a prisión preventiva oficiosa, muchas de ellas durante más de 5 años, lo que viola sus derechos.
El informe también reveló que un número significativo de personas detenidas sufre violencia grave y excesiva durante su arresto, con casos de palizas y torturas para obtener confesiones. Además, se encontró que muchas detenciones se realizan sin orden judicial, bajo el pretexto de delito en flagrancia o flagrancia por señalamiento, lo que ha llevado al arresto injusto de personas en la calle. También se documentaron casos de elementos de seguridad fabricando cargos al plantar droga en propiedades o pertenencias de las personas.
El Grupo de Trabajo expresó su preocupación por la presión ejercida por el poder ejecutivo sobre jueces y magistrados que emiten sentencias contrarias a las políticas gubernamentales o que liberan a personas cuando las fiscalías no proporcionan pruebas suficientes para justificar la privación de la libertad. Todo esto se suma a los recortes presupuestales que enfrenta el poder judicial, lo que socava su independencia y capacidad para trabajar de manera independiente.
Si bien se espera un informe final del Grupo de Trabajo en septiembre de 2024, las conclusiones preliminares confirman la preocupante realidad que enfrenta México en cuanto a detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, a pesar de las afirmaciones del gobierno en contrario.
