El escenario estaba montado en la representación del gobierno de Puebla, en Reforma Lomas, para transformar en verdad incontrovertible lo que hoy aparece como una mentira oficial.
Buscaban convencer que las lesiones que provocaron la muerte del menor José Luis Tehuatlie, 13 años, fueron causadas por un “cohetón” lanzado por “infiltrados” en la manifestación del 9 de julio en Chalchihuapan.
Era una tarde gris de finales de julio pasado. Frente a la rectangular mesa donde nos sentaron habían instalado una pantalla. Allí nos mostraron un video tan mal editado, que sólo se veían manifestantes que lanzaban cohetones y agredían a “indefensos” policías. Cero represión ni un macanazo siquiera. Querían transformar a los victimarios en víctimas.
En el centro de la mesa estaba Rafael Moreno Valle. Al gobernador de Puebla se le veía ansioso, desconcertado, molesto.
Cada una de sus palabras intentaba convencer que efectivamente habían sido los “infiltrados” quienes lanzaron el cohetón que mató a José Luis.
Mostró cilindros que utilizó la policía. Habló de su alcance. Argumentó que era imposible que hubiesen lesionado al menor ubicado, según la versión oficial, a muchos metros de distancia.
Enseñó una foto de José Luis cargando una manta, en medio de la supercarretera Atlixco, donde se produjo el enfrentamiento. Quería mostrar que el menor sí participaba en la manifestación.
En otro video se observaba a la muy humilde Elia Tamayo, madre de José Luis, en su declaración ante el Ministerio Público, la mujer describía cómo el famoso “cohetón” le había destrozado la cabeza a su hijo. La versión oficial.
Pero apenas salió del MP, Elia cambió su declaración. Dijo que los policías habían lesionado a su hijo.
“La manipularon”, aseveraban.
¿Quién?, preguntábamos.
“La diputada del PRD, Roxana Luna. Ella llevó a los “infiltrados”, acusaban.
• La CNDH, que encabeza Raúl Plascencia Villanueva, dio a conocer el informe sobre los hechos ocurridos en Chalchihuapan.
Concluye que José Luis fue alcanzado por un cilindro de gas lanzado por la policía en la manifestación.
Un desmentido a la versión del gobierno poblano.
Había dudas sobre la imparcialidad del ombudsman. La lleva muy bien con Moreno Valle. A finales de agosto pasado, el gobernador de la entidad asistió al bautizo del salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, que lleva el nombre de “Raúl Plascencia Villanueva”.
No es todo: la Escuela Libre de Derecho de Puebla ofrece la cátedra que también lleva el nombre del ombudsman. Plascencia, además, es profesor honoris causa y docente de posgrado de esa casa de estudios.
Plascencia, Plascencia, Plascencia…
Tanto cachondeo al titular de la CNDH no sirvió de mucho.
El informe contradice la versión oficial: “No fue lesionado por alguna explosión u onda expansiva por la acción de un cohetón”.
Peor: “Existen elementos suficientes para observar que las lesiones fueron producidas con alguno de los 54 proyectiles de largo alcance irritante calibre 37/38 milímetros utilizados por elementos policiales…”.
La policía estatal incurrió en la aplicación “excesiva y negligente” del uso de la fuerza pública en el desalojo de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, asevera la CNDH.
El informe de Plascencia, sin embargo, tampoco convalida la versión de los manifestantes de que la policía utilizó “balas de goma” en el enfrentamiento y que una de ellas pegó en la cabeza del menor.
Sugiere, eso sí, presentar denuncias contra Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública del estado y el procurador Víctor Carranca. Si en diez días no cumplen, se solicitará la presencia de ambos funcionarios ante el Senado.
El obmudsman, por cierto, anda en campaña de reelección.
• La primera reacción del gobierno de Puebla ya se produjo. En un comunicado informa que notificó a la CNDH la “aceptación total” de las recomendaciones.
Y nombró a José Antonio Pérez Bravo como fiscal especial para el caso.
El comunicado admite:
“Lo claro e irrefutable es que el hecho mismo obliga al gobierno del estado de Puebla a tomar las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan en todo momento con la tarea de respetar los derechos humanos y mantener el orden garantizado la seguridad y la integridad de la ciudadanía.”
Que así sea.
• No hubo punto de acuerdo en San Lázaro para exhortar a la Conagua, la Semarnat y otras dependencias a revisar si las obras hidráulicas realizadas en el rancho de Padrés, gobernador de Sonora, se ajustan a la ley. Paradójicamente lo paró un priista: Marco Bernal, presidente de la Comisión Especial que da seguimiento al derrame de contaminantes en el Río Sonora.
Supimos que el diputado sonorense, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, quedó molesto por la decisión de la cúpula parlamentaria de su partido de sacar el punto de la agenda. Ya tenía más de 60 firmas de sus colegas a favor de la solicitud. Pero también el compromiso de legisladores del PAN —no afines al grupo de Gustavo Madero— de votar a favor del texto.
Tampoco se veían muy contentos otros legisladores sonorenses del PRI. Ni Flor Ayala Robles ni Faustino Félix. Son oposición en el estado. No es fácil con un gobernador como el panista Guillermo Padrés. Un ejemplo: el marido de Flor Ayala tiene 21 procesos abiertos, dos de ellos penales. “Anda con el amparo hasta en el baño”, nos dicen.
Guillermo Padrés sabe que está en la picota después de su decisión de expulsar a los delegados federales de la Profepa, Conagua y Semarnat. Dice que le armaron una conspiración política. Pidió la cabeza de Guillermo Haro Bélchez, titular de la Profepa.
El gobernador de Sonora se lamentaba la decisión de Miguel Osorio Chong, titular de la Segob, de cancelarle una reunión. La relación con el gobierno federal está tensa.
Su secretario de gobierno, Roberto Romero, pasó toda la mañana de ayer en San Lázaro en busca de interlocutores que sirvan de puente con el Ejecutivo federal para suavizar las cosas. Nos aseguran que estuvo un buen rato en las oficinas del diputado panista Mario Sánchez, presidente de la Comisión de Economía.
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