AGENCIA
CDMX.- Autoridades migratorias mexicanas anunciaron que destinarán más de 7 millones de dólares a indemnizaciones para las familias de los 40 migrantes fallecidos en un centro de detención que se incendió en marzo en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.
El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó también que, para garantizar que no se repitan estos hechos, y después de la supervisión de sus instalaciones, está procediendo a “la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas”, y a la instalación de “vidrio plástico, detectores de humo, respiradores y mayor número de extintores”.
Las responsabilidades penales de los hechos están bajo investigación, pero en las primeras audiencias quedaron en evidencia la multitud de irregularidades que presentaban las instalaciones.
Hasta el momento, ocho miembros del INM han sido enjuiciados, seis de ellos por cargos de homicidio. Un guardia de seguridad privada y dos migrantes que presuntamente iniciaron el fuego también están acusados del mismo delito.
Al titular de la agencia migratoria, Francisco Garduño, y otro directivo se les fincaron cargos por ejercicio ilícito de su deber y no proteger a las personas bajo su custodia, pero ambos siguen en sus puestos.
El INM indicó también que ya ordenó formalmente a todos sus directivos acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de resolver, en un término no mayor a 36 horas, la situación migratoria de los extranjeros que son detenidos, algo que no se hacía.
Además, la agencia migratoria se está haciendo cargo del alojamiento, manutención y servicios médicos de los heridos que siguen en México.
En total hubo 27 lesionados, ocho se encuentran recuperándose en la capital del país junto a algunos familiares, y del resto se desconoce su paradero.
