Un juzgado de Bogotá formalizó este domingo la captura de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, y de su exesposa Daysuris Vásquez, quienes fueron arrestados por el posible delito de lavado de activos, según informó la Fiscalía.
El juez declaró como legales los procedimientos de captura llevados a cabo el sábado en sus lugares de residencia en Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, desde donde fueron trasladados a Bogotá.
En una audiencia que se extendió por ocho horas, el Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías reafirmó que se cumplieron todos los requisitos constitucionales y legales en el procedimiento de detención.
En las próximas horas, posiblemente el martes, la Fiscalía imputará a Nicolás Petro los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y a su exesposa los cargos de lavado de activos y violación de datos personales.
La captura de Nicolás Petro se enmarca en una investigación que inició la Fiscalía en marzo pasado después de que su exesposa, Daysuris Vásquez, concediera una entrevista a la revista Semana. En dicha entrevista, Vásquez afirmó que Nicolás Petro había recibido una alta suma de dinero de un narcotraficante para la campaña electoral del actual presidente Gustavo Petro, y que se quedó con ese dinero.
Según el relato de Vásquez, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como “el hombre Marlboro”, entregó a Nicolás Petro más de 600 millones de pesos (aproximadamente 153,000 dólares) para la campaña de su padre, los cuales nunca llegaron legalmente a la campaña, ya que él se habría quedado con esos fondos. Además, también mencionó que Nicolás Petro recibió otros 200 millones de pesos (aproximadamente 51,000 dólares) del empresario Alfonso “Turco” Hilsaca, que tampoco habrían sido destinados a la campaña.
El presidente Gustavo Petro expresó su pesar por la situación, tanto como padre como jefe de Estado, y aseguró que no intervendrá ni presionará las decisiones de la Fiscalía en este caso. Manifestó que la Fiscalía contará con todas las garantías por su parte para proceder conforme a la ley.
