AGENCIA
CDMX.- Sentenciaron por secuestro a una exfuncionaria de la Fiscalía General de la República por 50 años en prisión; se trata de Érika de León Rodríguez, quien se desempeñaba como fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda.
Esta exfuncionaria privó de la libertad a un sujeto con el argumento de que había una orden de aprehensión en su contra, exigiéndole el pago de un millón de pesos para liberarlo.
De acuerdo con un comunicado de la FGR, la víctima aceptó pagar 600 mil pesos prometiendo cubrir el resto en los siguientes días, tiempo que aprovechó para denunciar a la exservidora pública.
Finalmente Erika de León fue encontrada culpable por los delitos de extorsión y secuestro exprés, con el agravante de que los cometió estando como fiscal en funciones.
Además se le sumó una multa económica por 560 mil 800 pesos, así como el pago de la reparación del daño que asciende a 600 mil pesos.
Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y Pemex, incrementaron en 200% el monto del acuerdo reparatorio por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Ante el juez de control Genaro Gerardo Alarcón, en el Reclusorio Norte, el abogado preguntó a los representantes del gobierno el porqué del incremento, cuando el monto de 10.7 millones de dólares ya había sido aceptado por el Consejo de Administración de Pemex en enero de 2022.
Como los representantes de la UIF y Pemex no pudieron responder y luego que la FGR no formó parte de las negociaciones, el juez difirió la audiencia intermedia para el 30 de agosto.
Ontiveros señaló que este aumento se da luego que el presidente consideró que 10.7 millones eran poco, pero sin argumentos y respaldo legal.
El abogado consideró la actitud del gobierno de “un embate en contra de un testigo colaborador que ha otorgado datos para perseguir a otras personas que ha desde hace tres año está colaborando con las instituciones del Estado, que desde hace más de un año y medio está ingresado en prisión por ir a cenar a un restaurante lo cual es lícito para quien tiene un brazalete electrónico y en contra de esta injusticia, este agravio, que se está cometiendo en contra de toda la familia Lozoya Austin”.
Dijo que la narrativa del gobierno es “falsa e inverosímil” que la UIF y Pemex lo que “piden es 200 por ciento más, lo que es inmoral, ilegal y raya en extorsión”.
Ontiveros explicó que ellos pidieron declarar la prescripción de los delitos y no reconocerle personalidad jurídica a la UIF. Como el juez no lo aceptó, no descartó interponer dos amparos para proteger a su cliente.
La defensa reiteró que no quieren juicio “queremos un acuerdo, pero un acuerdo justo y proporcional, que sea de 10.7 y lo firmamos mañana”.
