DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
CdMx.- Con el fin de solucionar diversas problemáticas relacionadas con los créditos hipotecarios, la Comisión Ejecutiva del Fovissste aprobó la implementación de programas para privilegiar a las personas más desfavorecidas, en apego a la filosofía de esta administración, y se coloca a los derechohabientes al centro de las decisiones y operaciones, a través de las reformas a la Ley del Issste en materia de créditos de vivienda, aprobadas en mayo pasado.
Dichas modificaciones legislativas, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y respaldadas por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, permitirán diversas opciones de reestructuración para resolver el grave endeudamiento de las y los acreditados en casos de disminución de ingresos al pensionarse, diferencias entre el descuento y la obligación de pago, salida del servicio público, incremento anual de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), entre otros temas.
Por lo anterior, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE se dio a la tarea de diseñar un programa con varias alternativas enfocadas en atender situaciones específicas, de acuerdo con las características económicas de las personas acreditadas y el origen de su problemática, con el objetivo de beneficiar a más de 47 mil trabajadoras y trabajadores del Estado, que representan una erogación para su operación de siete mil millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
Liquidación 30/60: 19 mil personas beneficiadas, con techo presupuestal de mil 700 millones de pesos
Reestructura UMA a pesos: 23 mil personas beneficiadas, con techo presupuestal de cinco mil millones de pesos
Liquidación de créditos 2/50: 374 personas beneficiadas, con techo presupuestal de 134 millones de pesos
Liberación de créditos hipotecarios (en cumplimiento a la reforma de la Ley del ISSSTE): cuatro mil 655 personas beneficiadas, con techo presupuestal de 237 millones de pesos
Este programa comenzará a implementarse en agosto de este año.
De esta manera, Fovissste refrenda su compromiso social, en aras de que la población acreditada tenga acceso a alguno de los programas señalados y también obtengan certeza jurídica sobre su patrimonio para mejorar su calidad de vida.
