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La desconfianza ciudadana con 500 o 400

Superiberia

 

Giovanni Sartori definió que: “Los sistemas electorales determinan el modo en que los votos se transforman en curules y, por consiguiente, afectan la conducta del votante”. Nuestro sistema es mixto dado que elegimos 300 diputados por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. La propuesta de consulta para reducir el número de diputados y senadores en el Congreso de la Unión busca abonar a favor de la eficiencia del trabajo legislativo, sin embargo, puede radicalizar la actividad de la oposición, que ha encontrado el cauce institucional en el Poder Legislativo para manifestarse.

Tres son los argumentos utilizados para reducir el número de legisladores: a) Se generan ahorros, b) Desaparece minorías que impiden acuerdos y, c), el Congreso tiene mejores resultados al hacer eficiente el trabajo. Pero hagamos un recuento de lo que ha pasado con respecto a este tema desde la pasada Legislatura:

El 15 de diciembre de 2009 el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, promovió un conjunto de propuestas sobre la Reforma Política. Entre ellas se incluyó la reducción de diputados (de 500 a 400; 240 electos por mayoría relativa y 160 por representación proporcional) y de senadores (de 128 a 96, eliminando 32 de la lista nacional). La iniciativa fue discutida, pero no se aceptó (la conformación de diputados en ese entonces era: PRI, 242; PAN, 142; PRD, 63; PVEM, 23; PT, 14; NA, ocho y tres independientes).

En 2011, la doctora María Amparo Casar observó el tema de los supuestos ahorros. En tanto el Congreso ocupaba 0.39% del gasto programable del presupuesto anual, el Poder Judicial demandó 1.4% y el IFE 0.36%, en año no electoral. Asimismo, observó que internacionalmente el gasto del Legislativo se encontraba por debajo de la media utilizada en otros países latinoamericanos (0.48%) y en la misma situación nos encontrábamos en cuanto al número de legisladores y afirmó que “… México es uno de los países en los que el Poder Legislativo cuesta menos a cada habitante” (Nexos, diciembre 2011).

Por otra parte, durante el proceso electoral 2015, los partidos políticos están obligados, en lo nacional y estatal, a presentar paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular, lo que implica que la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión podría tener un número significativo de mujeres en los congresos de los estados y el federal. Sin embargo, la reducción afectaría esa expectativa, ya que las mujeres han tenido mayores posibilidades a partir de la representación proporcional.

En aras de la eficiencia y eficacia del Congreso, tenemos que darnos la oportunidad de experimentar los cambios de la Reforma Política de enero, especialmente el de la reelección y el de la redistritación equitativa. Por el momento, la LXII Legislatura y el propio Poder Ejecutivo a través de su secretario de Gobernación han demostrado que los acuerdos se logran con voluntad política, que las mayorías pueden imponer su votación y que las minorías tienen que ser escuchadas y pueden alertar sobre alguna omisión o error. Recordemos que ya se vulneró la condición de éstas al quedar en impasse el párrafo 13 del artículo 87 de la Ley de Partidos Políticos.

También se puede creer que la disminución de diputados generará acuerdos o coaliciones más estables, pero pensemos que existen solamente tres partidos, si el partido del Ejecutivo no tiene la mayoría y los otros mantienen la disciplina, la posibilidad de que avancen sus propuestas será nula. No hay que perder de vista que las minorías también reducen la fuerza de los partidos mayoritarios en los Congresos y con ello abren el juego y la capacidad de negociación.

La propuesta para reducir el número de legisladores en el Congreso de la Unión es muy popular y atractiva por el desprestigio que hay del trabajo legislativo, pero quienes estamos más involucrados en el quehacer público sabemos que generar una mayor confianza en el Poder Legislativo parte de lograr una mayor transparencia y una real rendición de cuentas del trabajo de cada legislador, y esto implica una transformación de los propios partidos políticos responsables de elegir a quienes ostentan los cargos públicos y de tomar decisiones como las hechas en el Pacto por México.

*Maestra en derecho constitucional por la UNAM

 ruthzavaletas@hotmail.com

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