Mire que el anuncio que causará impacto no requirió de reforma estructural alguna, sino de voluntad y visión política para llevarlo a cabo. El presidente, Enrique Peña, después de su Informe de Gobierno, el próximo 3 de septiembre dará el banderazo para la construcción de la que ha sido llamada “ampliación” de Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, donde se requerirá una inversión aproximada de entre 800 y mil 200 millones de dólares.
El anuncio se dará en un evento específico, aunque se dice que el presidente podría comentar algo en su mensaje del 2 de septiembre posterior a la entrega del Segundo Informe de Gobierno.
Le diré que el monto está en rango con los que han costado las terminales más modernas construidas o remodeladas en los últimos cinco años y, sólo en América Latina y El Caribe, se están realizando ampliaciones y remodelaciones completas en Bogotá (El Dorado), en Panamá (Tucumén), Buenos Aires, Lima, Puerto Rico, Honduras y El Salvador son algunos de los aeropuertos que están siendo realizando inversiones en la modernización de sus terminales internacionales para pasaje y carga. México se queda atrás.
Sólo un dato: ese aeropuerto puede por razón natural ser punto de conexión entre América del Sur y América del Norte, como debiera ser también Cancún, pero hoy el tiempo de conexión internacional en el AICM, que dirige Alfonso Sarabia, (si bien nos va) es de 2.5 a tres horas, mientras que en Heathrow y Schiphol, Haneda o Singapur es de 34 minutos; Madrid es de una hora, Panamá es de 40 minutos, Bogotá es de 45 como Frankfurt.
Hoy, la mitad de los pasajeros que cruzan de América Latina a Estados Unidos, en 85% en Estados Unidos, 8% en Panamá, 3% en Dorado y 1% en el AICM. De ese tamaño es el desfío de la obra de infraestructura que se anunciará, pero también la que tendrá en materia de política pública la administración del presidente Peña, pues no servirá de mucho inaugurar un aeropuerto en 2018, si no se alínean los incentivos para que aumente la conectividad
interna, y mejore la internacional y en eso también tiene que ver que Tuxtla deje de ser el aeropuerto más caro del país.
De Fondos a Fondo
Los astros se alienaron para Grupo México de Germán Larrea… El derrame tóxico de sulfatos en el río de Sonora procedente de la mina Buenavista, es observado por los inversionistas como “caso-demostración” de la forma en que se podría tratar a las empresas privadas que participen en el sector de energía en el caso de una contingencia ambiental.
El hecho de que no se haya permitido que el gobierno de Sonora, que encabeza el gobernador Guillermo Padrés, en plena etapa preelectoral, asumiera un rol relevante, ha generado aprobación, pues la centralización y coordinación de las acciones de remediación y costo que tendrá, está mostrando que a los concesionarios se les trata justamente y conforme a las leyes vigentes.
Ahora. Éstas y justo apoyadas en el evento, será lo que impulse cambios en el marco legal vigente en materia de accidentes ambientales.
Ayer, las bancadas del PRI-PVEM, lideradas por Manlio Fabio Beltrones y Arturo Escobar en Diputados, y también la del Senado, encabezadas por Emilio Gamboa y ya no tan “chico verde”, Jorge Emilio González, se sumaron a las del PAN y PRD , que han incorporado en sus respectivas agendas legislativas para el periodo ordinario que está por iniciar, concluir el “paquete verde de la Reforma Energética y la Ley de Transición Energética”, donde podrían ser modificadas multas y capacidades de la Profepa relacionadas con eventos como el que nos ocupa.
En el caso de la alianza PRI-PVEM, va por todo un llamado paquete verde que pretende homologar todas la leyes ambientales. Concretamente, Arturo Escobar dijo que buscarán que se apruebe la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en la que se aumenten las penas económicas y hasta corporales, a las empresas que causen daños ambientales.
Por lo pronto, la actuación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que encabeza Juan José Guerra, ha sido centralizar las decisiones como cabeza de sector, y ha exigido que Grupo México no sólo sea sancionada como lo indica la ley, sino que además va con todo porque el daño causado sea reparado por la empresa. El costo será valuado y no será asumido por el Estado. Ese es un mensaje claro y directo.
En lo que está por venir, considere usted un cambio de raíz a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que dirige Guillermo Haro Bélchez, y que será darle dientes y garras con autonomía para que tenga la capacidad legal de determinar daños al ambiente sin que los infractores acudan al litigio en tribunales, y sus decisiones sean inatacables.
Y en la última. La mejor respuesta del pleno del Instituto Federal deTelecomunicaciones, que preside Gabriel Contreras, a quienes buscan que continúe la litigiosidad a través de una controversia constitucional, fue la de emitir en tiempo y forma la modificación a su estatuto interno, incorporando las seis nuevas unidades especializadas que le permitirán cumplir con el mandato puntual contenido en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Si no consideraran que el mandato es válido, no habrían cumplido. Las áreas técnicas tienen toda la información que los agentes que solicitan interconexión y desagregación de red les han pedido, y sobre ellos, están haciendo el mapeo de ofertas. Hay mañanas considerando que las redes son “inamovibles” y por ahí es que han venido los rechazos.
En segundo lugar, no dude que de no presentarse ofertas públicas adecuadas por los dos agentes predominantes al final de la semana próxima (14 días le dio el IFT a cada uno), tendrán que ajustar sus ofertas y, de no quedar adecuadas al criterio del regulador, serán impuestas.
También se alistan para sacar la resolución para el caso de UnoTV, que no es favorable a Telmex, pero tampoco llega a la revocación y, en el tema de Dish-Telmex, también la multa será importante, pero lo más fuerte será la orden de separarse en todos los sentidos.
También, antes de mes y medio se comunicará el inicio de la investigación de dominancia en televisión restringida, con el mismo trato: usuarios conectados y hogares conectados y con potencial de ser conectados porque por ahí pasan las redes.
