AGENCIA
El Salvador.- La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, advirtió este martes que sigue una “persecución contra el periodismo” en El Salvador tras una declaraciones del director de la Policía Nacional Civil.
“#ElSalvador: @nayibbukele (Nayib Bukele) continúa su persecución contra el periodismo independiente y crítico“, publicó Guevara en Twitter.
Agregó que “el director de Policía anuncia cruzada contra periodistas que informaron sobre ‘La Tregua’, negociaciones con las pandillas en 2012, seguramente preparando esconder las actuales”.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, dijo en una entrevista con el canal gubernamental que líderes políticos y periodistas pueden ser llevados ante la Justicia “en cualquier momento” por supuestamente cometer “apología del delito”.
“Aquellos líderes políticos que llevaron esto (la tregua), como algunos periodistas que también estuvieron en esto, porque hay que decirlo y están en la palestra, creo que poco a poco el pueblo salvadoreño, la justicia salvadoreña y los encargados de la política de persecución penal, en cualquier momento los van a mostrar a nivel judicial”, dijo Arriaza.
Agregó que “van a tener que responder por esas actuaciones en las cuales hicieron mucha apología del delito, indujeron para que las cosas o las circunstancias agravantes que afectaban al pueblo salvadoreño le llegaran directamente al territorio”.
La tregua entre las principales pandillas, que fue respaldada por el Gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), se conoció inicialmente por una investigación periodística de El Faro, posteriormente diversos medios locales e internacionales dieron seguimiento al pacto.
El 29 de mayo, una corte penal de El Salvador condenó a 14 años de prisión al expresidente Funes, que actualmente vive en Nicaragua, por los delitos cometidos en el marco de esta tregua.
Funes, que fue juzgado en ausencia tras una reforma legal que lo permite, se convierte así en el segundo presidente de la etapa democrática salvadoreña en recibir una condena de cárcel.
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un armisticio para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno de Funes.
Según el Ministerio Público, esta tregua estipulaba favores para estas bandas, como beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios dominados por dichas estructuras.
