La reforma a la ley del Instituto de Pensiones del Estado, empieza a volverse otro de los dolores de cabeza del gobierno de Veracruz. La cascada de juicios de amparo empieza a crecer y tanto en el norte como en el sur además del centro del estado, los trabajadores amenazan con rebasar a las entregadas dirigencias sindicales.
La aprobación sólo de esta reforma trae dos problemas, más, al gobierno de Veracruz. Primero, el rechazo social a la medida avanza como bola de nieve, las protestas e inicio de la lucha jurídica ya invadieron, prácticamente, a gran parte del estado. Los datos que aportan organizaciones de jubilados y pensionados del estado, son contundentes, de cada diez pensionados y trabajador en activo, por lo menos ocho ya iniciaron el proceso judicial.
Pero la medida traerá otro efecto, que como en el billar, pudiera hacer carambola de dos bandas para provocar otro sisma sindical.
Las declaraciones del dirigente estatal de los maestros del SNTE, Manuel Arellano así como la pasividad del resto de los secretarios generales de sindicatos de trabajadores al servicio del estado, dejan en claro la sumisión a las que ya están sometidos y que de ellos, sus representados, no esperan si quiera el apoyo para protestar en las calles.
Si los dirigentes sindicales continúan en su espacio de confort, no sería extraño que igual se inicien procesos para desconocerlos legalmente. El tiempo lo dirá.
Los cabilderos de este movimiento aprendieron de las manifestaciones, por ejemplo, contra la reforma educativa. Esta vez, antes de salir a las calles, optaron por la vía legal. Prefirieron recurrir a los tribunales, antes de marchar en las calles de las principales ciudades del estado.
Lo hicieron con la experiencia adquirida hace un año, cuando miles de maestros y trabajadores de la educación salieron a las calles para intentar detener la reforma educativa.
La lucha social es la siguiente estrategia que aplicarán quienes participan en este movimiento. Es un hecho que antes de que finalice este mes, la ciudad de Xalapa será escenario de una mega manifestación de pensionados y trabajadores activos al servicio del estado que van acompañar a sus abogados a entregar las miles de demandas de amparo en contra de la reforma.
Quienes en el Congreso Local aprobaron la reforma a la ley de IPE, lo hicieron, sin analizar, “en menos de un día la aprobaron” lamenta el vocero del movimiento de jubilados en la zona centro del estado, Jesús Arenzano Mendoza, pero además hay que agregar que los diputados, además de aprobar una refirma sin leerla, lo hicieron por las instrucciones políticas que recibieron, pero además porque desconocen las condiciones de vida de la mayoría de los pensionados de Veracruz.
Si bien es cierto que muchos pensionados, algunos de ellos exfuncionarios del gobierno del estado, reciben pensiones que van hasta los 80 mil pesos mensuales, el grueso de los extrabajadores ganan salarios que no rebasan los diez o quince mil pesos, que en medio de la crisis de insolvencia económica, no son suficientes para cubrir necesidades básicas.
Las quejas contra la reforma no se sustentan en los ingresos económicos, sino que además los pensionados van a ser obligados a reiniciar sus aportaciones para salvar la economía del IPE, la pregunta obligada es, ¿Quién pagará la deuda que el estado tiene con ese instituto?
Por lo que se sabe de forma extraoficial, la deuda rebasa los 90 mil millones de pesos, pero que ahora con la reforma, por decreto, desapareció y serán los trabajadores en activo y en retiro quienes asuman los costos de esa deuda que fue engrandecida por los pasados cuatro gobiernos.
La grandeza del IPE, es cosa del pasado. Sus salas de cine, hoteles y demás propiedades, fueron el botín de cientos de funcionarios del estado que todo lo pagaban con el poder de la firma.
No hay que olvida y eso lo dicen los propios trabajadores, que el IPE, fue durante muchos años, la caja chica del gobierno del estado, aunque el dueño del SNTE sección 32, Juan Nicolás Callejas Arroyo, diga lo contrario.
El problema para el estado, pudiera engrandecerse si es que antes no se atienden o por lo menos se dialoga con los pensionados y trabajadores en activo. Si no se tiene la sensibilidad política para atender un problema que crece, estaríamos hablando de otro problema más para ell gobierno del estado, que así como están las cosas, no creemos que tenga suficiente paciencia para enfrentar un conflicto creado por ellos mismos.
Quizá a los postulantes de la reforma se les olvidó que en 2015 viene la renovación de la Cámara de Diputados pero además en el 2016, si es que no pasa otra cosa, habrá de votar por un nuevo gobernador y aunque a muchos mexicanos y en especial a los veracruzanos se les clasifique como personas de memoria corta, la gente pudiera dar una sorpresa.
