Adriana Estrada
El Buen Tono
Orizaba.- De nada sirve impulsar una Ley en tema ambiental, si los presupuestos y programas de apoyo a la preservación de áreas protegidas cada vez desaparecen por el actual Gobierno, consideró el biólogo Graciano Illescas Téllez, presidente del Consejo Intermunicipal Ambientalista (CIMA).
Lo anterior, luego de que los diputados federales aprobaron reformas al Código Penal Federal para castigar hasta con 13 años de cárcel a quienes talen de manera ilegal árboles, con excepción a quien realice la actividad para uso doméstico dentro de la comunidad rural, indígena o afromexicana.
“Se agradece la intención de los diputados en legislar, pero no están haciendo nada novedoso, pues ya existen leyes bastante fuertes para todos los que atenten contra los recursos naturales del Parque Nacional Pico de Orizaba”, expresó el biólogo.
Recordó que el Código Penal Federal, tiene sanciones importantes para aquellos que destruyen la biodiversidad, cortan árboles y generan incendios en el Pico de Orizaba; sin embargo, hasta la fecha a pesar de que ya han pasado varios años de aprobadas las sanciones, no existe ni un sólo antecedente de alguna persona que hayan detenido, o al menos, puesto a disposición de las autoridades por haber puesto en riesgo la biodiversidad.
“No existe una sola sanción, y yo creo que es porque no se están atendiendo las bases, o sea, no se está haciendo un planteamiento integral que incluya no solamente la modificación de la Ley, sino el fortalecimiento de las instituciones autónomas que ha tenido el sector ambiental como son la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que cuenta con recursos muy limitados o con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que igual han sido cada vez más afectados en sus presupuestos”, agregó Illescas Téllez.
Aunado a eso dijo que, hay pocos estímulos para aquellos que realmente trabajan en la conservación del Parque Nacional, lo que se traduce que no hay recursos para hacer que esa Ley se ejerza, pues el presupuesto de la SEMARNAT ha ido a la baja desde hace muchos años, por lo que, si ese problema no se atiende, y sólo se crea una Ley, pero no se establecen los mecanismos institucionales y operativos precisos, incluyendo la propia Guardia Nacional en la zona, no se generarán grandes cambios.
