En días pasados les comenté que la dificultad para aplicar la ley en México es uno de los principales obstáculos que enfrenta la implementación de las reformas estructurales.
Y el caso de Oaxaca, donde los integrantes de la Sección 22 retan abiertamente al gobierno a tratar de imponerles la Reforma Educativa, no es un caso aislado de la impunidad crónica en este país.
El robo de electricidad, que le cuesta a las finanzas públicas alrededor de 25 mil millones de pesos al año, es otro ejemplo de ello.
El director general de la Comisión Federal de Electricidad ofreció una conferencia de prensa esta semana para hablar sobre la puesta en marcha de la Reforma Energética. Dio a conocer que la empresa estaba por lanzar un proceso de licitación de 16 obras de infraestructura eléctrica que representarán una inversión de cuatro mil 900 millones de dólares.
Uno de los propósitos de estas obras, dijo Enrique Ochoa Reza, es “reducir las pérdidas técnicas y no técnicas (de electricidad) de 15% a alrededor de 10% para 2018”.
El funcionario explicó que de los casi 50 mil millones de pesos de pérdidas totales de electricidad —15% de la producción total de 2013—, alrededor de la mitad consistió en mermas por el robo o falta de pago del servicio.
En México, el robo de luz o la colocación de diablitos que aparentan un menor consumo es algo que ocurre a plena luz del día y ha terminado por ser visto como algo normal.
A diferencia del robo de combustible, que es señalado —y con mucha razón— como una actividad del crimen organizado, apoyada en la corrupción que pervive en Pemex, el robo de la luz o la alteración de medidores no requieren de mucha ciencia.
En 2011 fue subido un video a YouTube http://www.youtube.com/watch?v=oDQYJL6oQKY en el que una persona que no se preocupa por ocultar su rostro ni su nombre ni los de su asistente, da una clase sobre cómo instalar un diablito.
Si uno camina por zonas donde hay una gran presencia de vendedores ambulantes, es casi imposible no ver decenas de conexiones ilegales y puestos donde la electricidad robada sirve para iluminar, usar la licuadora, cargar celulares o hacer funcionar aparatos reproductores de música.
Me atrevo a decir que en México robarse la luz o simular un consumo menor es un delito tolerado por autoridades y avalado socialmente. Eso sí, no falta quien se queje de lo elevado que llega el cobro en el recibo.
No dudo que muchos mexicanos hayan sido víctimas de abuso por parte de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro o de la CFE —las historias de recibos que llegan por cantidades estratosféricas las escuchamos todos los días—, pero es un absurdo quejarse del cobro y no protestar por el hecho de que muchos usuarios no pagan nada.
En 2009, el Banco Mundial publicó un estudio http://siteresources.worldbank.org/EXTESC/Resources/Background_paper_Red… sobre las pérdidas técnicas y no técnicas de electricidad en el mundo en desarrollo.
En el texto se afirma que “las pérdidas no técnicas pueden reducirse sin una afectación al bienestar, mientras que mantenerlas pone en riesgo la sustentabilidad del sector energético y daña a los consumidores de electricidad cumplidos, los contribuyentes, los segmentos sociales en desventaja y el país en su totalidad”.
Hace años que las autoridades de la CFE admiten que México tiene un problema de pérdidas no técnicas de electricidad. A pesar de que este delito se castiga con multas, no parece que quienes lo practican se preocupen mucho.
La pregunta es si ahora que la Reforma Energética elevó las sanciones para castigar el robo de luz —están contempladas multas por hasta 3.3 millones de pesos— el miedo a ser castigado va a hacer que disminuya significativamente esta práctica.
Me temo que pasa como con la elevación de las penas de cárcel: por sí misma, no tiene mayor efecto en la comisión de delitos.
Lo que sí previene el delito es la reducción de la impunidad. Si alguien sabe que puede cometerlo sin castigo, no importa el tamaño de la multa ni la duración de la pena corporal. En cambio, si existe la conciencia de que la posibilidad de ser sancionado es muy elevada, el estímulo para delinquir es menor.
Si se quiere reducir el robo de electricidad lo que procede es 1) difundir los daños que dicha práctica provoca —lo que ha hecho muy bien la industria cinematográfica en la denuncia de la piratería—, y 2) asegurar que los trasgresores serán castigados.
El problema es que muchos de quienes roban la electricidad están organizados, igual que los maestros de Oaxaca. Son tianguistas o pertenecen a algún frente urbano-popular.
¿Está dispuesto el gobierno a ir contra intereses particulares organizados que afectan a la mayoría de los mexicanos? Ojalá, pero no estoy muy optimista al respecto. Simplemente con voltear a ver lo que sucede en Oaxaca es razón suficiente para dudar.
No dudo que algo se puedan reducir las pérdidas con el apoyo de la tecnología, por ejemplo mediante la instalación nuevos medidores y transformadores, cosa que anunció Ochoa Reza.
Sin embargo, si esas medidas van a servir para aumentarle el cobro a los que ya pagan algo, más que para cobrarle a los que no pagan nada, la mejoría apenas será perceptible y la impunidad continuará.
De nada sirve la letra de la ley si, apenas promulgada ésta, se empiezan a generan casos de excepción para aplicarla.
