Los videos de la fiesta panista se responden con los de la videoteca de La Tuta. La política nacional parece transitar en estos meses por videos, grabaciones telefónicas y escándalos privados que se convierten en públicos. En Michoacán, como dijo Alfredo Castillo, comisionado del gobierno federal, no se puede ser rehén de los videos, pero lo cierto es que ellos han marcado la pauta de las investigaciones y la desarticulación de las redes de protección del cártel de Los Templarios en la política local.
Ayer se difundieron nuevas imágenes en las que aparecen la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Karrum Cervantes, y la de Huetamo, Dalia Santana Pineda, con Servando Gómez, La Tuta. Por alguna extraña razón, la alcaldesa Karrum aún sigue en libertad después de la difusión del video en el que aparecía con un personaje llamado El Tony, jefe de plaza, así fue presentado, de Los Templarios en Pátzcuaro. Santana Pineda sí está detenida, acusada de haber ordenado el asesinato de un compadre con el que tenía diferencias. Ambas estaban unidas, además, por la expoliación que hicieron de sus respectivos municipios en beneficio de los delincuentes.
En el video de Karrum con El Tony, la alcaldesa explica que ella sí pagó puntualmente las cuotas que le exigían los delincuentes, cuando le preguntaba si ellos habían asesinado a su yerno, y en un episodio que sería desopilante si no fuera trágico, El Tony, como gran concesión, le decía que ellos no habían sido, y que como la alcaldesa había cumplido con todos sus compromisos económicos, en reconocimiento le iban a perdonar el pago de la cuota de ese mes, lo que la alcaldesa Karrum agradecía tomando amorosamente de las manos al Tony. Digno de una telenovela si no fuera parte de una serie de terror.
La alcaldesa Santana no sólo ordenó el asesinato de su compadre (las historias de compadres y comadres son de alto costo en la Tierra Caliente) sino que además, entregó, disciplinadamente, 20% del presupuesto del municipio, que es de unos 42 millones de pesos al año, a La Tuta. No importaba cuál era el salario de un trabajador (y los policías municipales ganaban apenas unos mil 600 pesos al mes), 20 % era para “la empresa” y quien se negara se las vería con los sicarios. Por supuesto todo mundo se resignaba. A los comerciantes, ambulantes o no, la cuota, en porcentaje era similar, así vendieran tacos en una esquina o tuvieran un restaurante. A todos les tocaba participar en el impuesto, la expoliación en realidad, de los delincuentes sobre la sociedad.
El problema no son los videos, son los que aparecen en él. Hay cosas que son difíciles de creer: por ejemplo, el PRD “se pronuncia por que dejen de aparecer videos de funcionarios o exfuncionarios michoacanos con dirigentes del crimen organizado, esto debido a que se está generando un desánimo en la población que cada vez comparte con más persistencia de que todos los políticos pueden ser iguales”. ¿Quién lo dice? Raúl Morón, líder sindical de la Coordinadora y precandidato al gobierno del estado por ese partido, que el lunes fue respaldado nada más y nada menos que por Miguel Ángel Barbosa, líder de los senadores del PRD. En el mismo encuentro en el que Barbosa aseguró que Morón era “el mejor hombre” para el PRD en Michoacán, el líder senatorial insistió en la necesidad de la salida de Castillo antes de que inicie el proceso electoral.
La demanda de Barbosa y Morón se suma a la de los grupos de Mireles y otros sospechosos en la política local que, simplemente, temen que la información sobre las complicidades políticas en el estado conmocionen el proceso electoral. No sé si Castillo se tendría que ir antes de las elecciones locales (probablemente sí), pero lo que es ineludible es que las redes políticas de complicidad con la delincuencia sí se deben romper antes de que inicie el proceso.
Morón no es el único que busca la candidatura (ahí están, en el propio PRD, el líder de los diputados, Silvano Aureoles, y en el PAN, Salvador Vega y Luisa María Calderón), pero sí es el único que demanda que no haya más videos y que el comisionado se vaya lo más rápido posible. Y es que los videos, la labor del comisionado, el desentrañamiento de la red de complicidades, es cada vez más costosa para muchos actores políticos. El problema es que se trata de una labor que no puede quedar a medias.
Uniformes y colores
En Chiapas, por primera vez, se repartieron uniformes y útiles escolares en forma gratuita. El gobierno de Manuel Velasco repartirá dos millones 600 mil uniformes y entregará más de un millón 300 mil paquetes de útiles escolares y mochilas a estudiantes de primaria y secundaria. Una buena decisión. Lo increíble y la crítica es que los uniformes a los estudiantes son de color verde, como el partido que encabeza Velasco, o como el color que visten nuestros soldados. ¿Qué esperaban, que fueran rojos, azules o amarillos y negros?
