Uno de los más grandes escollos que enfrenta la implementación de las reformas estructurales es el débil Estado de derecho que existe en México.
En nuestro país hay un déficit en la aplicación de las leyes que deriva, en parte, del poco aprecio social que tiene el sistema legal.
Nuestra experiencia democrática y de autonomía del Poder Judicial es imperfecta y muy reciente. Fuera de algunos periodos de su historia, México ha conocido regímenes absolutistas que dieron origen a un Estado fuerte —un arquetipo tomado de la Revolución francesa— con jueces sometidos a su autoridad.
Eso condujo a esperar que el único procurador e impartidor de justicia fuera el Estado. Cuando éste se debilitó, en la década de los años 90, el vacío no fue llenado por los jueces sino por una entelequia llamada “justicia popular”.
Sin embargo, la sabiduría innata que supuestamente tiene el pueblo respecto de lo que es justo e injusto se confunde, frecuentemente, con la defensa de intereses particulares.
Lo vemos en Oaxaca, donde la Sección 22 del gremio magisterial, tiene sometida a la autoridad y a la población a su capricho.
Hace años que extrae rentas del Estado argumentando la defensa de la educación pública, a la que ella misma torpedea mediante paros continuos y una pobre preparación académica.
Desde la aprobación de la Reforma Educativa, la Sección 22 ha incrementado sus movilizaciones en un intento de tumbarla o, cuando menos, hacer imposible su aplicación en su área de influencia.
La reforma contiene un fuerte antídoto contra el modus vivendi de esa organización: retirar a los gobiernos estatales el manejo de la nómina magisterial y hacer obligatoria la evaluación de los profesores son cambios destinados a volver ineficaz el chantaje para obtener recursos, así como la obtención automática de plazas.
Por eso, la combate la Sección 22. Es un tema de sobrevivencia.
Aunque en Michoacán, Guerrero y Chiapas tampoco han podido aplicar cabalmente la reforma, es claro que Oaxaca es el bastión del inmovilismo educativo.
El domingo pasado, en su columna, Gerardo Galarza apuntó algunos datos sobre el estado de desastre de la educación en Oaxaca.
Cito dos de ellos: mientras a nivel nacional el analfabetismo es de 6.1%, en Oaxaca es de 16.3 por ciento. Y mientras el promedio nacional de grado de escolaridad es de 8.6 años, en Oaxaca es de 6.9.
Una visión victimista lleva a algunos a concluir que los oaxaqueños han sido discriminados y marginados del progreso. Sin embargo, esa explicación difícilmente aclara por qué Hidalgo, otra entidad con un alto porcentaje de población indígena, aparece en los primeros lugares de los indicadores educativos del país.
El lunes pasado, en Palacio Nacional, pregunté al presidente Enrique Peña Nieto si era posible sacar adelante las reformas —y, en concreto, la Reforma Educativa— en un entorno de débil aplicación de la ley, como ocurre en Oaxaca.
Me respondió que la ley se va a aplicar, pero que no es posible hacerlo por la fuerza. Adelantó que si Oaxaca aprueba y pone en práctica una legislación estatal que contradiga a la Constitución, vendrá irremediable una controversia, además de otras medidas legales para hacer valer la reforma.
Oaxaca es la única entidad del país que no ha visitado el Presidente. Entiendo que esto ha sido para no exacerbar el ambiente y porque hay una organización dispuesta a sabotear cualquier actividad que pretendiera realizar el Ejecutivo en territorio oaxaqueño, y con capacidad y recursos suficientes para movilizarse por todo el estado.
Sin embargo, en los hechos, la sociedad oaxaqueña se quedó sola.
El gobernador Gabino Cué, quien llegó al poder gracias a un alianza política en la que estuvo representada la Sección 22, tiene poco margen de maniobra para sacudirse a la organización, que trata a su aliado igual o peor que al anterior gobernador.
No queda claro el juego que está jugando Cué al hacer suya la iniciativa de ley estatal elaborada por el magisterio. Es probable que esté ganando tiempo y buscando una salida política, pues dudo que esté retando al poder federal.
Lo que sí está claro es que la Sección 22 no se detendrá ahí. Ya logró que los egresados de las normales ocupen plazas de maestros de primaria, sin evaluación, pese a lo que dice la reforma. Su siguiente objetivo será forzar el desconocimiento de la Sección 59, creada por la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo para hacerle frente.
Para quitarse el yugo de la Sección 22, Oaxaca requiere de apoyo nacional y de la unidad de fuerzas locales, como son los empresarios y los padres de familia. Es evidente que Gabino Cué no puede solo frente a todo el problema.
Aplicar la ley en Oaxaca es urgente. No sólo por los niños oaxaqueños sino por el futuro de las reformas, porque los ejemplos de resistencia al cambio bien pueden cundir más allá de esa entidad.
No se trata de aplicarla a rajatabla. Obviamente conviene hacerlo mediante la negociación política, pero el gobierno federal tiene que involucrarse en la búsqueda de una solución definitiva que no deje inermes a los oaxaqueños. Hasta ahora parece satisfecho de que los maestros de la 22 no hayan vuelto al Distrito Federal.
El sociólogo y economista estadunidense Mancur Lloyd Olson advertía (en Auge y decadencia de las naciones) que las organizaciones rentistas y los grupos de interés organizados son capaces de producir la esclerosis de un sistema político.
