Ningún presidente puede gobernar para las encuestas, pero tampoco las puede ignorar. Los números cambian de una a otra, pero el sentido de los estudios no deja lugar a engaños: los índices de popularidad del presidente Peña Nieto siguen estando bajos, pero mucho más bajos son los índices de aceptación de las políticas de su administración. Según la última encuesta de Buendía & Laredo, 46% de los encuestados aprueba mucho o algo al presidente contra 45% que lo reprueba. Pero un contundente 64% sostiene que el gobierno federal debe cambiar de rumbo; 48% cree que el país va por mal o muy mal camino y 66% sostiene que los problemas han rebasado al presidente.
Para muchos esto resultará insólito luego de que se acaba de cerrar un inédito ciclo de reformas estructurales. Pero resulta que lo que está mal evaluado es el ciclo de reformas: apenas 12% cree en la encuesta citada que las reformas son lo mejor que ha hecho en la administración Peña, mientras que un porcentaje similar considera que lo peor que ha hecho el presidente tiene que ver con los aumentos de precios y sobre todo los impuestos.
Decíamos hace ya varias semanas que el principal problema de la administración Peña pasa por los resultados. Las reformas no han sido bien “vendidas” a la población: la gente no entiende en qué les puede beneficiar, primero, porque esos beneficios son en general de largo plazo; segundo, porque han sido mal comunicados; tercero porque todo el paquete de reformas se vio contaminado con la impopular Reforma Fiscal, que es lo único que la gente ha sentido de inmediato. En un contexto de escaso crecimiento y por ende empleo, hoy la gente tiene menos dinero y eso, políticamente, se castiga, y por eso las reformas no son apreciadas.
A eso se suma la inseguridad. Sin duda ha habido avances, pero éstos siguen siendo insuficientes por las mismas razones que en el pasado: ineficacia o poca acción de los gobiernos locales, que en muchos casos no terminan de comprender la importancia de actuar con rapidez o simplemente de actuar. El ejemplo está en el Estado de México, donde hubo mucha resistencia a emprender cambios y cuando éstos se han dado, tenemos casos como el del alcalde de Valle de Bravo, Francisco Reynoso, que dice que allí no pasa nada, al mismo tiempo que se lanza un operativo federal con cientos de elementos.
Lo cierto es que hemos tenido, según la organización Alto al Secuestro, más de cuatro mil 800 secuestros; ha habido en 20 meses casi 20 mil asesinatos; el país retrocedió tres posiciones (estamos nada menos que en el lugar 138) en el Índice de Paz Global del Instituto para la Economía y la Paz y ello nuevamente está relacionado con la actividad criminal en los estados: el estudio detalla que si todos los estados tuvieran los índice de Campeche, por ejemplo, el país tendría un beneficio económico de 2.26 billones de pesos al año, ya que el costo actual de la violencia equivale a 9.4% del PIB del país, o sea unos mil 430 dólares por persona al año.
Seguridad y economía cotidianas, en esos dos puntos reside el principal desafío del país en estos momentos y por supuesto el de la administración Peña. En estos sentidos hay cosas que no se pueden superar en el corto plazo: la inseguridad se viene arrastrando desde hace por lo menos diez años y estamos todavía en la etapa de crear instituciones (el viernes se creará la gendarmería que será un buen apoyo por cómo ha sido diseñada, al tiempo que, por ejemplo, los policías municipales de Valle de Bravo y otros 12 municipios están “capacitándose” en Tlaxcala donde fueron recluidos durante ocho semanas), pero la actividad debe intensificarse en los delitos como secuestro, robo y extorsión, además de que se debe comunicar más adecuadamente qué se hace y por qué.
En la economía se deben acelerar licitaciones e inversiones, se deben concretar las cosas para que la gente comience a ver y creer. Y aunque no esté en los planes oficiales, se debe hacer algo con los impuestos de la clase media y los trabajadores que están siendo muy castigados. En este sentido, oponerse de lleno a la propuesta del incremento a los salarios mínimos que plantea Miguel Mancera es un error: por supuesto que se debe mantener la disciplina económica y los aumentos no pueden romper con ella, pero se debe hacer un esfuerzo en ese ámbito.
La labor presidencial se debe medir por eventos que van más allá de la popularidad coyuntural, y probablemente en ese sentido las calificaciones de Peña son más altas que las que estamos observando. Pero lo importante es que ese 65% de personas que cree que el país va por mal camino, cambien de opinión.
