LA FIESTA DEL CHIVO
El que hayan matado a un periodista no es motivo suficiente para suspender una fiesta, le dijo el gobernante Javier Duarte de Ochoa a una compañera jalapeña que en el 2011 decidió suspender la comida por su cumpleaños en señal de luto por la muerte del columnista Miguel Ángel López Velasco “Milo Vela”, su esposa Agustina Solana y su hijo, Misael López, también fotoperiodista, acribillados por un grupo armado que allanó su domicilio en el puerto de Veracruz. Molesto, Duarte le reclamó a la comunicadora la cancelación del festejo al que, le aseguró, estaba dispuesto a asistir junto con todo su gabinete.
No fue el único caso que mostró el talante del gobernante frente a la prensa y a sus trabajadores. También permitió que se enlodara la memoria de la querida Regina Martínez, asesinada en abril del 2012, al intentar hacerla responsable de su propia muerte y filtrar a la prensa hipótesis insultantes para su honor como mujer. Algo parecido hizo con Yolanda Ordaz y con el resto de compañeros masacrados en los tres años que lleva su gobierno. El caso más reciente fue con Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado, torturado y sepultado clandestinamente en el sur del estado aunque la opinión pública nacional e internacional detuvo la intentona y obligó a reconocer que el homicidio fue por su actividad periodística.
No se detienen en injuriar a los periodistas ni siquiera cuando éstos están muertos y ya no pueden defenderse. Otra muestra fue lo sucedido a esta casa editorial, El Buen Tono, blanco de un atentado criminal en noviembre del 2011 cuando sus instalaciones fueron incendiadas por un grupo de malvivientes armados. En ese momento, en lugar de investigar y atrapar a los responsables se ordenó filtrar injurias contra sus propietarios, acusarlos de un auto-atentado mientras que las pesquisas quedaron archivadas. A la fecha se protege a los autores intelectuales pese a que están identificados.
La anécdota y el recuento anteriores vienen a colación por el último golpe que acaba de asestar contra la columnista Marijose Gamboa, presa política desde el 12 de julio pasado y que el fin de semana fue trasladada al reclusorio regional de Tuxpan, de madrugada, como todas las cosas que se hacen deshonestamente y sin respetar el amparo federal que lo impedía. Para justificar la violación a la disposición de la justicia federal toma como escudo al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Alberto Sosa Hernández pues un aval suyo sirvió para retorcer otra vez la ley. Así, el titular de un poder que se supone independiente se sumó al castigo de una periodista de pluma crítica.
Por eso Sosa Hernández será el corresponsable de lo que le llegue a suceder a Marijose en Tuxpan. Vaya, a Duarte no le bastó los esquemas legales para escarmentarla y ahora se ayuda de la delincuencia organizada. El amago es grave, hay que tomarlo en serio y hay que comunicarlo a todas las instancias nacionales e internacionales.
Marijose fue declarada como enemiga del gobierno estatal por ejercer el periodismo honesto y ahora está en las garras del crimen organizado, Duarte se la entregó. De esta forma, lamentablemente se cumplió lo que fue advertido desde hace un mes, la orden para llevar a Marijose Gamboa a un penal y someterla a agresiones físicas. A Duarte de Ochoa no le importó atropellar el amparo federal como tampoco violar otros del mismo rango que disponía que a la periodista recibiera atención médica por el daño a sus cervicales tras el accidente automovilístico del 12 de julio.
No le basto eso, también se intenta extender el castigo hasta el ámbito familiar y afectivo pues la custodia de su hija le será arrebatada a petición de su exsuegro, Miguel Hakim Simón, funcionario del gobierno de Puebla. La cabra tira al monte y el cordobés tiene un resquemor contra la prensa crítica y especial contra los columnistas que cuestionan su desastrosa administración. No es hombre de Estado, tampoco sabe dominar sus pasiones y las consecuencias de esa mezcla de características son desastrosas y ya están a la vista de todos.
Del procurador, Luis Ángel Bravo Contreras se puede decir lo evidente: está más ocupado en castigar a Marijose Gamboa que en someter a la ley a los verdaderos criminales. En los últimos días dos taxistas fueron asesinados, una maestra secuestrada en plena escuela en Acayucan, un joven acribillado en Córdoba, un empresario ejecutado en Tierra Blanca y otro más en Minatitlán, éste último exdirigente de una cámara empresarial, pero ninguno de esos casos existen en el entorno de Bravo Contreras, su prioridad es cumplir la orden de Duarte para escarmentar a una reportera crítica.
Peor está el subprocurador Leopoldo Muñiz a quien no solo se le puede considerar como un cobarde, un tipo de escasa hombría. No se retiró del caso y al contrario, permitió los abusos contra la periodista a pesar de haber sostenido una relación personal con ella. Eso habla de su calidad humana y el tipo de hormonas que lo gobiernan. Quedo claro que caballero no es ni tampoco es una persona decente. En fin, esa cofradía está confabulada y tienen el poder local para seguir cometiendo abusos. Hacen fiesta sobre una periodista que les incomoda.
Es difícil que por el momento algo los detenga, tal vez una orden federal lo logre pero si ésta no ocurre será el pueblo el que tenga la responsabilidad de ponerles un alto. La oportunidad está a la vuelta de la esquina, castigarlos en las urnas y exigir a quien sustituya a Duarte en el 2016 que lo lleve ante los tribunales para que rinda cuentas por sus delitos: por su abuso de autoridad, los crímenes de periodistas, por las desapariciones de jóvenes, por las personas levantadas por la policía estatal, por sus nexos con el crimen organizado, por las deudas y por todo lo robado.
Marijose Gamboa es una presa política y Duarte será responsable ante la opinión pública si algo le pasa, si se concreta el favor que les pidió a los criminales. También lo serán Luis Ángel Bravo Contreras, Leopoldo Muniz, Arturo Bermúdez y Alberto Sosa. Caiga sobre ellos el señalamiento público y caiga también la justicia cuando se les acabe su versión local de La Fiesta del Chivo -la dictadura del dominicano Rafael Léonidas Trujillo,quien se ensañaba con las mujeres y que fue relatada magistralmente por el escritor peruano, Mario Vargas Llosa-. Los veracruzanos ya cuentan los meses y pronto comenzarán a contar las semanas, después serán los días y finalmente las horas.
“EL CLUB DE TOBI”
Por cierto, en días pasados el gobernante asumió la presidencia de la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Sancionar los Delitos en Trata de Personas y para quedar bien frente a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, presente en el acto protocolario, también prometió vigilar los llamados “giros negros” porque fomentan la trata de personas, es decir la explotación sexual de hombres y mujeres, incluyendo niños.
Los “giros negros” son el argot policiaco “giro negro” los negocios con venta de bebidas alcohólicas y que ofrecen espectáculos de carácter erótico o juegos de azar -bares, antros, “table-dance”, casinos, casas de masaje y demás-. Se comprometió a”regularlos” a través de una ley cuya iniciativa será enviada en breve el congreso local. Pero lo interesante del tema es ver si se atreverá a fiscalizar e incluso sancionar con multas o clausuras a los negocios de este tipo que son propiedad o están protegidos por funcionarios de su gabinete y del Partido Revolucionario Institucional.
En Jalapa tiene varios lugares donde empezar. Por ejemplo, la exalcaldesa y actual dirigente estatal del tricolor, Elizabeth Morales se hizo de al menos una decena de esos establecimientos en los últimos años.Se habla que ella es propietaria –junto con familiares y también con prestanombres-de restaurantes –con sus respectivas cartas de bebidas embriagantes-, centros nocturnos y casas de masaje donde la clientela asistente es de amplio criterio, o sea va preparada para ver de todo. ¿Le mandará inspectores para que detengan la supuesta trata de personas que allí se da?.
Otro al que la voz popular ubica como propietario de casi la mitad de antros y moteles de la capital del estado es el exsecretario de Gobierno fidelista y exprocurador duartista, Reynaldo Escobar Pérez. Tendrán también que indagar al exsecretario de Comunicaciones y actual director de la Comisión Estatal del Agua de Veracruz (CAEV), Francisco Valencia porque sus restaurantes “Vinísimo” que ofrecen espacios discretos para las borracheras de antología entre funcionarios estatales, su principal clientela.
También hay otros funcionarios asiduos a estos “giros negros” e incluso amigos y padrinos de sus propietarios. Solo por mencionar uno que involucra al que estaría a cargo de ejecutar esas “regulaciones”, el mismo procurador Bravo Contreras. En Córdoba, su terruño –bueno, en realidad es de un pequeño poblado que pertenece a Amatlán de los Reyes-, se cuenta de un bar muy frecuentado por políticos y algunos integrantes de la llamada “clase acomodada” de esa ciudad, y del cual el funcionario sería cliente frecuente desde hace tiempo.
Al antro lo apodan “El Club de Tobi” y sobre lo que pasa allí hay anécdotas para dar y repartir. Obvio, por respeto a los lectores no se relatarán esos asuntos bochornosos pero muchos cordobeses dan santo y seña del lugar. Vaya, si es verdad lo que cuentan los cordobeses sobre “El Club de Tobi” entonces ese antro debería ser clausurado y sus propietarios puestos bajo investigación judicial, atendiendo la rigurosa y firme advertencia para luchar contra esos sitios de perdición. ¿No creen?.
