AGENCIA
CDMX.- El Centro Militar de Inteligencia, una rama secreta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) espió con el malware Pegasus al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, con pleno conocimiento del Alto Mando, es decir el Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Crescencio Sandoval, para interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, revela una investigación realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) a partir de los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya.
Una tarjeta informativa secreta de la Sedena revela que el Centro Militar de Inteligencia intervino las comunicaciones privadas que Raymundo Ramos sostuvo en su papel de presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo con varios periodistas en relación a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército el 3 de julio de 2020 en esta ciudad.
Un análisis forense actualizado del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, señala la R3D, demostró que el teléfono de Raymundo Ramos fue infectado con Pegasus en diferentes ocasiones entre el 16 de agosto de 2020 y el 2 de septiembre de 2020.
El periodo de la “infección” coincide con el periodo de tiempo en el que Ramos dio a conocer inconsistencias sobre la versión oficial de este enfrentamiento sobre el cual el Ejército informó públicamente que 12 agresores habían sido abatidos en la confrontación. El defensor de derechos humanos indicó días después de lo ocurrido que tenía información de que una persona había reconocido a su hijo como una de las víctimas, un migrante de Chiapas de apenas 18 años, desaparecido desde el 24 de junio.
Días después, otra persona identificó a otra de las víctimas como Ángel Núñez, un mecánico de 27 años, que había desaparecido el 27 de junio, otro familiar reconoció a una tercera víctima como Arturo Garza, estudiante de Ingeniería de 19 años, quien había sido secuestrado por el crimen organizado.
A estas revelaciones se suma la difusión que hizo el diario “El Universal” de un video de la cámara corporal de uno de los soldados, en las que se observa el uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército, así como la ejecución extrajudicial de al menos una persona. Andrés Manuel López Obrador pidió una investigación; no obstante, ahora se sabe, el Ejército espió ilegalmente a Raymundo Ramos.
Ese mismo día, AMLO ordenó en su conferencia matutina que se investigara el caso. La respuesta del Ejército fue espiar ilegalmente a Raymundo Ramos.
La R3D precisó que en la tarjeta informativa secreta, elaborada por la inteligencia militar el 2 de septiembre de 2020 bajo el nombre “Actividades Raymundo Ramos”, se dio cuenta sobre las conversaciones que sostuvo Raymundo Ramos con periodistas de El Universal, Televisa y El País, entre el 16 de agosto y el 26 de agosto, el mismo periodo en el que su equipo había sido identificado por el malware como confirmó el estudio forense del Citizen Lab.
Esta tarjeta fue realizada por la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional “para el conocimiento de ‘la Superioridad’, es decir, para el Secretario de la Defensa Nacional. Esto indica que el más Alto Mando del Ejército, Luis Crescencio Sandoval, estuvo al tanto del espionaje militar al defensor Raymundo Ramos”.
Incluso se recomienda al Secretario de la Defensa proporcionar la información a la Policía Ministerial Militar de manera confidencial para las indagatorias del caso, pero sin que se añada a la carpeta de investigación, revela la investigación, la cual señala además la importancia de que se sepa de la existencia del Centro Militar de Inteligencia, “una dependencia que opera fuera del escrutinio público”.
En el documento se pretende vincular a Raymundo Ramos con el Cártel del Noreste, “sin ofrecer evidencia alguna y con la intención de desacreditar las pruebas de abusos militares en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020”.
Otro documento filtrado por el colectivo “Guacamaya”, revela además que el mismo 2 de septiembre de 2020, a las 20:00 horas, el General Secretario se reunió en su despacho con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Subjefe de Inteligencia, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA y el Comandante de la Policía Ministerial Militar, entre otros altos mandos para tratar el tema: “Nuevo Laredo Tamaulipas”, señala la R3D.
“El espionaje que lleva a cabo el Centro Militar de Inteligencia es absolutamente ilegal pues el Ejército carece de facultades legales para intervenir comunicaciones privadas de civiles”, refiere la R3D. ”Así mismo, el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que no existe registro de ninguna autorización judicial para intervenir las comunicaciones privadas de Ramos”.
La investigación de la Red señala que el propio Centro Militar de Inteligencia está “plenamente consciente de que su actividad es ilegal”. Para ello cita un análisis FODA interno, el cual revela que esta dependencia percibe como una de sus principales amenazas “que se evidencien ante la opinión pública las actividades que se realizan en este Centro”
La organización también apunta que el Centro Militar de Inteligencia es el usuario final del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” que la Sedena adquirió a través de Comercializadora Antsua, la empresa distribuidora exclusiva de Pegasus.
“En un documento interno del 18 de enero de 2020 donde se reconoce la existencia del contrato, se menciona como anexo el ‘Oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 19 Jul. 2019, en original, emitido por el usuario final’. Líneas abajo, el documento indica que fue enviado con copia para (c.c.p.) ‘el C. Cor. I.C.E. D.E.M., Dir. C.M.I del E.D.M.N., para su conocimiento, en relación a su Oficio 1910-4950’. Es decir, fue enviado al propio Director del Centro Militar de Inteligencia por ser el usuario final del servicio”, señala la investigación.
A la fecha, no existe evidencia de que ningún militar haya sido sancionado por los hechos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio de 2020.
